Es frecuente escuchar en diversas situaciones, “administremos el problema”. Personalmente, el concepto me genera animadversión, porque en palabras menos implica que no hay una clara intención de resolver, que no se tienen las herramientas para ello o que simplemente se desconoce una posible solución.

Después de 25 años ”administrando” el meollo de la energía en la costa Caribe, creo que llegó el momento de encontrar una solución definitiva, porque en coyunturas inflacionarias tan difíciles como las actuales, apoyar en la reducción de los costos de energía pudiera ser una forma efectiva de matar varios pájaros de un tiro.

Bastante se ha hablado en los últimos meses de las tarifas de la energía en la costa Caribe, pero nada pasa. Las noticias en general, minimizan la realidad que se vive en esta orilla del país y peor aún, generan una falsa esperanza de que la solución está cerca. No podemos dejar solo al alcalde de Barranquilla en esta lucha, se necesita de todas las voces cantando al unísono la misma partitura para ver si algún día vemos la “luz.”

Esta situación está sobre diagnosticada: una infraestructura deficiente con inversión rezagada, que genera muchas pérdidas y por añadidura un pésimo servicio. Ese mal servicio genera una espiral de pérdidas por la cultura del no pago, que vuelve inviable económicamente el negocio porque el 33% de la energía se termina perdiendo.

Para colmo de males, todo empeoró en el 2021. Con el afán de resolver, el Gobierno saliente aceptó las condiciones de los privados y les permitió cobrar esas pérdidas dentro de la factura (IPP). En otras palabras, las fallas del Estado por falta de inversión histórica fueron trasladadas a los usuarios, para balancear la ecuación. El mundo al revés, los usuarios financiando al Estado por sus ineficiencias.

Pero seguimos en lo mismo, se crea un problema y no se busca solucionarlo sino administrarlo. Muy simbólica, pero poco práctica las escenas vividas estas últimas semanas, en las que la Ministra de Minas y Energía, amenazando que si no se ponen de acuerdo entre los miembros de la cadena para bajar tarifas, los interviene. Ojala intervenga el sector, porque independientemente de que todos los esfuerzos son bienvenidos, que quede claro que un descuento de los generadores, digamos del 10%, realmente impacta entre un 1% y un 3% la tarifa final. Es decir, el impacto frente al usuario no es material.

Mucho se ha hablado y todos llegan a la misma conclusión. Alguien tiene que poner la plata mientras el servicio mejora y se pueda cobrar de manera justa. Todos los expertos están de acuerdo que para lograr eso, hay que crear un fondo transitorio en donde el Estado y los eslabones fuertes de la cadena energética subsidien, y se obligue al operador a descargar el IPP de la factura, que es el principal motivo en el aumento de las tarifas.

En plena discusión de reforma tributaria, plan de desarrollo y presupuesto 2023, lo único que se necesita es voluntad política, que permita que el estado asuma la responsabilidad que le trasladó de manera injusta a los usuarios.