Las ciudades suelen enfrentar problemas análogos, indistintamente de sus características particulares. El tráfico, la polución, la seguridad y la disponibilidad de espacios estarán siempre dentro de las prioridades de cualquiera de sus administradores, quienes normalmente hacen malabares para equilibrar los choques de intereses que esos asuntos conllevan. De la polémica no se salva ninguno.

En Nueva York llevaban décadas planeando la puesta en marcha de un cargo por congestión, buscando emular el mecanismo que está funcionado en Londres, Singapur, Estocolmo y un buen número de ciudades que lo han implementado hace varios años. Con una inversión significativa, se habían ejecutado los trabajos necesarios, instalando cámaras y montando toda la infraestructura correspondiente. El 30 de junio era el día previsto para el inicio del cobro. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el 5 de junio la gobernadora demócrata del estado, Kathy Hochul, decidió suspender indefinidamente el proyecto sin dar mayores explicaciones.

La idea del cargo por congestión es sencilla: cobrar a los vehículos por el uso de las calles en las zonas más transitadas de una ciudad. Dado que las personas tienden a abusar de cualquier recurso que no les cuesta (o que creen que no les cuesta), hacer tangible ese costo puede llevar a una moderación de su uso. Así, los ciudadanos se ven obligados a planear mejor sus actividades y a optimizar sus viajes en carro. Idealmente, el dinero que se recauda se utiliza en mejorar las condiciones de los sistemas de transporte masivo y del espacio público. Esa política es mucho más pertinente que el inútil «pico y placa», que aplaza el problema, restringe mucho, fastidia y no soluciona nada.

Ante la eterna queja por el tráfico local, que se complicará cada vez más, vale la pena preguntarse si una iniciativa de cargo por congestión puede, en un futuro, ser considerada para Barranquilla. Desde luego, para que un sistema así funcione razonablemente, la ciudad que lo impone debe ofrecer alternativas dignas para movilizarse, de lo contrario se convierte en una carga insostenible. En ciudades con sistemas de movilidad precarios, como la nuestra, habría que empezar por mejorar la oferta y plantearse un plan de inversiones para el transporte público serio y consistente.

El caso de Nueva York nos demuestra que, aunque los números y las consideraciones técnicas lo avalen, y aunque exista la riqueza suficiente, la implementación de cargos por congestión requiere ante todo de un compromiso que supere las ambiciones políticas. No es fácil. Se requiere una auténtica visión a largo plazo, que a veces nos elude.

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