No soy enemigo de la restitución, así los ministros y hasta el presidente, con el eco de las Farc y de la izquierda, hayan decidido revivir en mi persona los estigmas que pesan sobre los ganaderos, estigmas que han cobrado tanto sufrimiento y tantas vidas.
No soy enemigo de la restitución porque muchos despojados fueron ganaderos, cuyos derechos nos corresponde proteger. He apoyado la restitución por el sentido de justicia que entraña, pero también he señalado problemas por corregir. Pero el Gobierno no acepta crítica. Por el contrario, caen rayos y centellas por mis declaraciones en un evento al que fui invitado por el Procurador –no voy a donde no me invitan–, a pesar de lo cual hoy pienso que me quedé corto en lo de “cuota inicial”.
La restitución es una política bien intencionada, a pesar de desconocer la presunción de inocencia, pues frente a la denuncia de una presunta víctima, el tenedor es culpable de despojo hasta que no demuestre lo contrario. Afortunadamente, por iniciativa nuestra se introdujo la instancia de revisión, pues no existía recurso alguno. No imagino en qué estaríamos si, como afirmó León Valencia en reciente debate, inicialmente se pensó en que no se hiciera por vía judicial sino administrativa.
Hoy el problema está, de una parte, en la realidad rural por el gran retroceso en seguridad, derivado de las exigencias de las Farc (suspensión de bombardeos y de fumigación), lo cual impide restituir donde ha sido mayor el despojo, en las zonas donde Farc, ELN y bacrim ejercen control territorial. Sí, aunque al Gobierno no le guste oírlo. No lo digo yo, sino la Unidad de Tierras. De 88.640 solicitudes, el 51% han sido “habilitadas por el Ministerio de Defensa”, es decir, la mitad no puede ser atendida porque no se garantiza la seguridad.
De las 44.847 restantes hay 31.604 con trámite y solo 15.286 inscritas. De las no inscritas, ¿cuántas eran falsas víctimas? ¿A cuántas verdaderas se les negó el derecho? No se puede establecer, porque la restitución se instrumentalizó a través de contratos con ONG que no garantizan neutralidad en sus “análisis de contexto”, lo cual está generando víctimas entre compradores de buena fe, despojados para beneficiar a víctimas que no siempre lo son.
Mientras Valencia atacaba los resultados de la Ley, Reyes lo acusaba de hacerlo porque no contrataron a su ONG. Para el efecto no importa, porque contrataron otras, promotoras del estigma contra los ganaderos, entre ellas la del senador Cepeda y colectivos expertos en construir víctimas.
El catedrático Medófilo Medina me advertía que era “muy peligrosa su ecuación de que actores armados es igual a reclamantes”. Nunca hice tal generalización, pero le respondería que son igualmente peligrosas las de “tenedores igual a despojadores” o “reclamantes igual a víctimas”. Mucha demagogia y pocos resultados.
@jflafaurie
