Una de las preocupaciones centrales de los Estados es asegurar el acceso confiable a sus fuentes de energía, adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos. 

Colombia debe mantener la formulación y ejecución de política pública que garantice la seguridad energética en sus diferentes dimensiones -disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad, promover la conciencia colectiva sobre el cambio climático y los mecanismos de participación ciudadana que involucran una nueva dimensión: la aceptabilidad.

El entorno internacional hoy busca alcanzar la seguridad energética, impactada por tensiones geopolíticas, complacencia para que otros suministren la energía que no se quiere producir, y las decisiones pasadas acerca de energías como la nuclear y la basada en carbón. El entorno nacional no es diferente: incertidumbre en la oferta de energía eléctrica, disponibilidad de gas natural, conectividad de la energía renovable, entre otros. 

Si adicionamos mayor incertidumbre por la ocurrencia de un “fenómeno del Niño” o un evento fortuito (hidroeléctrica de Guatapé 2016), pudiéramos caer en un racionamiento eléctrico con efectos difíciles de superar en el corto plazo. 

Lo anterior solo refrenda diferentes opiniones al respecto. Ahora, muy poco se menciona sobre el abastecimiento y la confiabilidad de los combustibles líquidos en el país. El trabajo silencioso y coherente realizado por los agentes de la cadena requiere de una regulación que implemente planes de confiablidad en el suministro.

Colombia tiene concentrada su demanda en el interior, un sistema montañoso joven, y una refinería que se ha venido modernizando pero que aún no cubre la demanda de su área de influencia. Es decir, se requiere transportar diésel y gasolina desde las costas colombianas hacia el interior, y alternativas que garanticen el suministro en caso de disrupciones no planeadas, necesidad que se ha resuelto a nivel mundial con almacenamiento estratégico de combustibles en las costas con acceso al transporte (marítimo, fluvial, férreo, ductos). Eventos catastróficos como el Huracán Katrina (2005), el Tsunami Japón (2011), las recientes huelgas de los transportistas en Francia, y la guerra entre Rusia y Ucrania han permitido a los países hacer uso de sus almacenamientos estratégicos, mitigando los impactos.

Colombia cuenta con más de 10 millones de motocicletas, y 6,7 millones de automóviles, camiones, buses y volquetas. La transición energética de este parque automotor será tan “rápida” como capaces seamos de incorporar las nuevas tecnologías (Hidrogeno, Electricidad), superar las barreras de costo e implementar el programa de reemplazo de vehículos - chatarrización. Colombia mantendrá por unos buenos años la dependencia de diésel y gasolina para mover la economía del país.  

Ante este panorama inquietante, de cara al desarrollo económico y a asegurar una transición energética, sería un acierto de parte del gobierno nacional la adopción de un Plan de Abastecimiento de Combustibles Líquidos que tenga como objetivo garantizar la seguridad y confiabilidad del abastecimiento de dichos combustibles. 

*Presidente del grupo Coremar