En momentos de elecciones presidenciales se hacen más evidentes las demandas ciudadanas y los conflictos sociales. Y los únicos a quienes nadie escucha son los niños.

Hoy en Colombia, cuatro de cada diez familias se desenvuelven en circunstancias socioeconómicas particularmente difíciles. La insuficiencia de salarios, la carestía de los alimentos, la falta de empleos estables, el hacinamiento en la vivienda, el elevado costo de los servicios públicos son factores que dificultan el proceso de socialización de las nuevas generaciones.

Esta vida de restricciones, donde hay que enfrentarse todos los días a un medio hostil, representa un panorama desalentador; ya que las familias —que son la única unidad básica en la que los niños crecen, se desarrollan y establecen los primeros intercambios emocionales fundamentales—, no tienen la estabilidad económica y psicológica para asegurar un buen futuro a nuestros niños.

En la Universidad del Norte, durante 40 años hemos estudiado e intervenido en programas a la niñez. Este conocimiento nos permite afirmar que la pobreza estructural es un factor de riesgo durante toda la vida para la salud tanto física como mental. Las situaciones difíciles que atraviesan las familias minan frecuentemente las relaciones fraternales agravando el conflicto y la violencia familiar.

Los mismos diagnósticos del Gobierno señalan la gran cantidad de factores de riesgo que hoy presentan nuestras familias: alcoholismo, desintegración familiar, embarazos no deseados, embarazos adolescentes, empleo de castigo cruel, violencia de pareja, ausencia paterna. Cuatro de cada diez niños que nacen en el país no tienen padre que los reconozca voluntariamente.

Una reflexión incesante en mi mente es cómo convencer a nuestros gobernantes de que la niñez y sus familias no son un tema marginal que solo se usa para adornar discursos, sino que es allí donde se halla su origen y podría estar gran parte de la solución a los problemas de la pobreza estructural y la evolución positiva de nuestro comportamiento social. 

Cuando nos agobian situaciones sociales del país como la criminalidad, poco se logra con incrementar el cuerpo de policías y aumentar las penalidades, si no creamos sistemas de soporte seguros para el desarrollo de nuestra niñez. En países desarrollados, hay estudios que demuestran que por cada dólar que se deja de invertir en protección a la infancia, el Estado posteriormente debe invertir 40 dólares en cárceles, policías, hospitales y centros de rehabilitación. 

Hoy en Colombia hay un millón doscientos mil niños vulnerables a quienes el Estado no llega con programas sistemáticos. No nos extrañemos entonces de la elevada deserción escolar. Aproximadamente decenas de miles de nuestros niños no terminan la educación primaria, por presentar carencias cognitivas, producto de la mala nutrición y estimulación psicosocial. Ese amplio número de niños cuando llegan a jóvenes carecen de herramientas cognitivas para una vida productiva, y son fácilmente reclutados por la criminalidad organizada.

Por experiencia, puedo afirmar que los empleados públicos más abnegados y comprometidos son quienes trabajan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; sin embargo, a esa institución del Estado los Gobiernos sistemáticamente le han ido agregando funciones, pero no le asignan los recursos suficientes para llegar a atender el 100% de los niños vulnerables del país. Y crear sistemas de soporte para que las familias puedan cumplir con dignidad el cuidado de los niños.