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Opinión

¿A quién le creemos?

Una empresa tiene la potestad de prescindir de cualquiera de sus empleados, sobre todo de quienes se atreven a cuestionar sus políticas corporativas, sus métodos o las decisiones que toman los directivos para proteger sus intereses.

A pesar de que esa premisa suene lógica –y hasta sana y deseable– en el caso de una constructora, una panadería, un banco o una aseguradora, cuando se trata de un medio de comunicación el asunto es a otro precio.

Porque los medios 0que son también un negocio– tienen una misión que involucra, no solo sus intereses privados de lucro, sino el objetivo mayor de servir de bisagra entre el poder y la sociedad, lo cual implica vigilar, investigar, denunciar, informar. No es fácil manejar esa dicotomía. Y lo es menos cuando los dueños de los medios de comunicación no son periodistas, sino empresarios, gente cuyo objetivo primordial es hacer dinero.

En el mundo se ha vuelto una constante que los medios, incluso los más tradicionales y prestigiosos, sean adquiridos por poderosas corporaciones que a menudo mantienen profundas relaciones de amor u odio con políticos, gobernantes y otros empresarios, lo cual genera un ruido constante que, querámoslo o no, afecta la credibilidad de sus posturas editoriales y de la manera en la que asumen los hechos que están obligados a informarle al público.

Nos hemos acostumbrado a una especie de resignación, a una apuesta ciega que consiste en girarle un cheque en blanco a los periodistas que trabajan para esos emporios, profesionales que, en su mayoría, tratan de honrar su oficio sin pensar en quiénes los emplean. Pero, no pocas veces, ese voto de confianza en la buena fe de quienes escuchamos, leemos y vemos, se queda corto, y termina defraudado por el peso enorme de la realidad.

El despido de Daniel Coronell de la revista Semana es, por supuesto, triste y preocupante, porque con esa decisión la casa editorial que dirige Felipe López demuestra que a sus contratados no les está permitido cuestionar ninguna de sus decisiones, así estas afecten el derecho que tiene la sociedad a conocer hechos graves que ponen en peligro la vida de seres humanos. Pero, además de la sorpresa y la conmoción, el despido del periodista más importante del país demuestra cuál es el precio que deben pagar los comunicadores que trabajan en medios controlados por negociantes, no por colegas. Un precio que en muchos casos no se cobra en el día a día, pero que está siempre latente, y termina evidenciándose en los momentos definitivos.

Engavetar una información acerca de un hecho que puede culminar en el asesinato de inocentes es muy grave para el país, y habla muy mal de Semana; hacer pública esa omisión termina en el despido fulminante del periodista denunciante, de su carta estrella, de su consentido, de su más leído columnista. Esta es la radiografía de lo que está pasando en el mundo con el sagrado y fundamental oficio del periodismo, y de las razones por las cuales sigue migrando hacia las inciertas aguas de las redes sociales.

¿A quién le creemos ahora?

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