Imagínense lo siguiente: Se decide oficialmente privatizar las empresas de servicios públicos de una ciudad; el sindicato, un senador de la República y varios activistas sociales se oponen a la medida, y para frenarlos y anularlos físicamente se crea una especie de comando conformado por militares activos y retirados. Imagínense también que este grupo de mercenarios se organiza con fondos que salen de la Superintendencia de Servicios Públicos; es decir, con los impuestos que pagamos los ciudadanos. Pues no tiene que imaginárselo, mire las noticias, porque este caso aberrante sucedió en Cali. 

El Juzgado 4º Penal Especializado de esa ciudad acaba de condenar a prisión a tres exmilitares del Ejército Nacional –Alfonso Abondano Mikan, Marco Fidel Rivera y Julián Villate Leal– por la elaboración de un plan para eliminar a líderes sociales, líderes sindicales y defensores de derechos humanos. El tenebroso plan, organizado en el año 2004, incluía el asesinato del congresista por el Polo Democrático Alexander López Maya, a Berenice Celeita, presidenta de la organización de derechos humanos Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc); a toda la junta directiva del Sindicato de las Empresas Públicas de Cali (Sintraemcali) y a varios líderes sociales. 

El objetivo del exterminio de estas personas era lograr la privatización de las empresas públicas. Como se trataba de escupir fuego, el plan tenía el sugestivo nombre de Operación Dragón y fue contratado –según las declaraciones del senador López– por la Superintendencia de Servicios Públicos en el año 2004, entidad adscrita a la Presidencia de la República, y dirigida en ese momento por Evamaría Uribe Tobón, quien actualmente ejerce el cargo de directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Estamos hablando de un plan para exterminar personas organizadas desde las mismas instituciones del Estado, de gente que desde la institucionalidad al parecer contrata mercenarios, exmilitares de ese mismo Estado, para sacar del camino a las personas que hacen oposición política y civil a medidas que desde su criterio son lesivas para los intereses de la comunidad. Si Colombia fuera un país con algo de decencia, esto no debería quedarse solo en la condena a los tres militares. Es evidente que el primer eslabón de la cadena no son ellos. Esto viene de más arriba. ¿Quién dio la orden? ¿A quiénes obedecían estos tres militares que organizaron en detalle un plan para matar?   

Lastimosamente este no es un caso aislado, muchos planes de este tipo se quedan en la absoluta impunidad y para nadie es un secreto que en este país ha habido una nefasta complicidad entre organismos oficiales y fuerzas oscuras para favorecer intereses de la empresa privada. Esta condena demuestra una vez más que la denunciada sistematicidad que opera en Colombia desde hace mucho tiempo para asesinar líderes sociales no es un invento de activistas ni un arrebato de sensibilidad, sino que hace parte de una cruda y dolorosa realidad. 

Aquí todo parece estar inventado y desde hace rato una realidad aberrante no da espacio para imaginar nada.   

javierortizcass@yahoo.com