Mucho revuelo ha causado la decisión de la Procuraduría de suspender a dos alcaldes y concejales, más allá de si tiene la facultad o no, creo que atacar a una procuradora con comentarios políticos o personales y no jurídicos por tomar decisiones que en su fuero interno debe considerar correctas, afecta el Estado de Derecho, y, antes de que me caigan a palos, no, su decisión no afecta la democracia per se.

La decisión no afecta la democracia porque se tomó interpretando normas y aplicándolas, seguramente la defensa de esos burgomaestres argumentará lo mismo e incluso acudirá a acciones de tutela y serán jueces quienes diriman estos asuntos alejados de asuntos personales o políticos, eso al menos se espera de ellos.

Lo que sí considero que se debe replantear en Colombia es la facultad de suspender a un alcalde o gobernador o dictarle medida de aseguramiento antes de una decisión definitiva, eso sí afecta la democracia y esta proviene de la propia ley.

No es excusa que el sistema judicial colombiano sea lento o congestionado, porque con esa idea también se ha vulnerado el Estado Social y Democrático en el que vivimos, trasladándole al ciudadano, sea o no de elección popular, cargas que son responsabilidad del Estado y de quienes tienen a su cargo dirimir conflictos, en este caso sancionatorios.

Un país en donde la justicia se usa para poner palos en la rueda a enemigos o rivales políticos debe pensar en un panorama más amplio antes de permitir poner en stand by la ejecución de planes de gobierno municipales o departamentales, de retrasar el desarrollo de territorios solo porque su mandatario está bajo investigación, negarle su oficio es como negarle su presunción de inocencia.

¿Que esto fomenta la corrupción? Claro que no, la solución la tienen fiscales, jueces y procuradores: hagan investigaciones y acusaciones concretas y juicios rápidos.

Y sí, también antes de que den palo, les adelanto que la virtualidad permitió esto, celeridad y pocas suspensiones y aplazamientos, además, ¡oh sorpresa! La mayoría de las demoras no fueron causadas por los defensores sino por el cambio de funcionarios en el desarrollo de un juicio o porque la fiscalía no tenía el expediente listo para correr traslado en virtualidad.

En fin, los funcionarios elegidos por voto popular no deberían ser suspendidos o encarcelados antes de una decisión, al menos de primera instancia, es más esto ya ocurre para servidores públicos que no son elegidos por voto popular, pero cuya función es igual de importante, por ejemplo, la de los magistrados de la Corte Suprema quienes no pueden ser detenidos antes de ser acusados, al menos está también debería ser la regla para alcaldes y gobernadores, gozar de igualdad con sus jueces.

PD: Les dejo esta inquietud, la procuradora merece respeto, durante toda su carrera ha demostrado ser una persona que se ha dedicado al servicio público y ¿de manera correcta con fallas? ¡Quién no! Pero siempre de la mano de la ley y la Constitución.