Es tiempo de qué Colombia haga reformas importantes y de fondo. A mí se me ocurren varios temas que quiero proponerles y que son los siguientes: aclarar qué significa participación política, como es el manejo de conflicto de intereses para los congresistas, y que las opiniones de magistrados no deben ser razón de exclusión en debates.

Primero, estamos en mora de definir clara y concisamente lo que es participación en política, en otros países que tienen un sistema democrático los funcionarios públicos de elección popular, como nuestros alcaldes, gobernadores o el mismo presidente, no tienen ninguna prohibición para alentar las banderas del candidato de su partido y resulta, por lo menos para mí, absurdo que esa prohibición siga en Colombia. Lo que sí debe mantenerse en la prohibición es usar los recursos y el poder que tiene cada uno, precisamente por el ejercicio de ese cargo público, para favorecer a algún candidato o grupo político específico, es decir orientar el erario hacia el favorecimiento, porque eso sí es dañino para cualquier democracia, dar un like en Twitter o poner un mensaje en redes social e incluso salir a plaza pública al lado de los candidatos afines no debería ser una falta disciplinaria ni tener ninguna responsabilidad penal.

Así mismo, es absolutamente claro que se deben quitar los temas de conflicto de intereses inhabilidades, impedimentos o recusación. Por un lado, los congresistas deben decirles claramente a sus electores quienes los financian, a qué grupos empresariales, sociales o similares son cercanos, pero es precisamente por eso que llegan al Congreso y así como sucede en Estados Unidos lo único que debe estar claro es de dónde vienen sus intereses, cuál es su financiación, pero no tener que declararse impedido, retirarse de un debate político por eso, porque esas son reglas también claras dentro de una democracia.

Lo que ha sucedido últimamente con el tema del aborto en la Corte Constitucional me lleva la última apreciación en la cual estoy convencido de que las opiniones previas o las dadas fuera de su función como magistrados frente a la posición de cada uno de ellos en un tema relevante tampoco lo debe excluir del debate, precisamente las posiciones son las que permiten definir al Congreso los peros que se le pueden poner a un debate. Una vez lleguen al cargo, cualquier escrito, opiniones, artículos académicos, publicación en redes no hace que sea parte de la discusión, sino que hace parte de la esencia y de los demonios internos de cada juez. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Estados Unidos los cargos son vitalicios y sus opiniones suman al debate, lo complementan y hacen que no pierda sentido bajo un solo punto de vista.

En mi criterio estas talanqueras lo que hacen es retroceder en el avance de la defensa de la democracia y muchas veces de las garantías y los derechos de cada una de las personas que ocupan un cargo público, bien sea por elección popular o en la judicatura.

Hay que dar el debate para una próxima reforma.