Un “juez” de la República consideró que debía cogobernar y exigirle al Gobierno Nacional, a través de su ministro de Salud, que se exigiera nuevamente la prueba de Coronavirus para los viajeros que entran al país y de paso un aislamiento preventivo para los mismos.
Es absolutamente claro que los fallos judiciales tienen que ser cumplidos y que se debaten con recursos, también es cierto que quienes no los creemos ajustados a la norma podemos debatirlos, criticarlos y oponernos a ellos desde cualquier medio, red o ámbito, es decir que todos podemos debatirlas en la intimidad de una de esas conversaciones donde muchos creemos poder arreglar el país con amigos o familiares.
Sin embargo, existen decisiones judiciales que se toman rayando el prevaricato. Un juez que quiera gobernar, pues que se someta al voto popular, que se convierta en edil, senador, representante, concejal o similar y desde su plaza en el Congreso, Asamblea o Concejo, haga valer sus posiciones y sus pensamientos.
Las decisiones judiciales deben estar ajustadas al Derecho y las de tutela, en especial, deben respetar la Constitución y hacer una ponderación de derechos fundamentales, tranquila, sopesada y que en realidad cumpla con su finalidad que es el bien común.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado acerca de la reanudación de viajes aéreos, que no es esencial pedir la prueba de Covid, ya que no es eficiente como medida de control en países con transmisión comunitaria.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia, con bases médico-científicas sólidas, argumentó en su momento, y lo sigue haciendo, que el resultado negativo de la prueba no genera certeza respecto a que el viajero no esté incubando el virus, es más, ha explicado que da lo mismo que una persona llegue de Madrid, Cundinamarca, o de Madrid, España, las posibilidades de contagio son las mismas.
La decisión de este juez en principio parece tomada sin sustento científico o médico, contrariando expertos nacionales e internacionales y cuando una decisión se torna tan errada, tan alejada de la realidad, no bastan los recursos.
El ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, ministro destacado, honesto y valeroso, ha hecho todo por sacar al país adelante en esta pandemia, como para que con una decisión aislada, en nuestro criterio, vacíe de argumentos sólidos, se pretenda hacer populismo y obligar a lo que es menos seguro y benéfico para el bienestar general.
Más problemas que soluciones se generan con esta tutela, ¿cómo costearán las personas de bajos recursos esta prueba para entrar en Colombia desde países que no la hacen gratis? ¿Cuál es el tiempo de validez de esta prueba? y ¿qué pasará con pasajeros con escalas o cuyo vuelo sea reprogramado con días de diferencia? Sin dejar atrás los efectos económicos que pueden causar en un sector como el turismo que apenas está comenzando a recuperarse. ¿Cómo se puede promocionar a Colombia como el lugar mágico para visitar, si ponemos trabas a los turistas para entrar?