Vivimos tiempos extraños. El mundo no acaba de ajustarse y no parece ponerse de acuerdo sobre principios mínimos fundamentales. Estamos obligados a enterarnos de la salida del primer diente del hijo de una celebridad mediática, del color del traje de baño que usó durante el verano el deportista consagrado, de la última incursión de bisturí en el cuerpo de alguna diva de televisión, pero quizá, dentro de un tiempo, los historiadores no podrán acceder a los datos personales del protagonista de los desfalcos que generó una crisis financiera nacional.

En estos momentos los historiadores mexicanos y los extranjeros que investigan sobre México están en alerta. Todo por culpa de una serie de proyectos de ley sobre protección de la información personal, tan ambiguos en su concepción, que limitan seriamente el ejercicio del historiador. Se trata de la Ley General de Protección de Datos Personales, aprobada por la Cámara de Senadores y en revisión en la Cámara de Diputados, y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, promulgada el 4 de mayo de 2015.

Ambas leyes, tal como están ahora, restringen sustancialmente la necesaria transferencia que después de un tiempo deben hacer las instituciones a los archivos de uso público, y ponen serias trabas al acceso a la documentación en dichos archivos. Las leyes limitan temporalmente el acceso a los documentos reservados por razones de seguridad nacional, pero no establecen ninguna temporalidad para el acceso a los datos personales por razones de “confidencialidad”. Éstas, además, exigen el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales con algunas excepciones –como por ejemplo, que los datos figuren en fuentes de acceso público–, pero extrañamente no se considera a los archivos históricos como parte de esas fuentes de acceso público. Así las cosas, mucha de la documentación podría no ser considerada de interés histórico, nunca iría a un archivo de libre acceso, y aún en ese caso de que se depositara allí, su uso podría ser restringido.  

Ya es bastante grave que a estas alturas todavía no sepamos que ocurrió exactamente con los 43 normalistas de Ayotzinapa, para sumarle que en un futuro, cuando un historiador quiera acercarse al tema, posiblemente se encuentre con que no puede acceder a la información de las personas implicadas en la tragedia o que los nombres en la documentación hayan sido borrados. Eso, sería no solo una afrenta a la necesidad del conocimiento y al ejercicio epistemológico, sino también una falta de respeto con la memoria de las víctimas, con sus familiares, con una comunidad y con toda la nación.

Estamos en un mundo que nos satura de información, que vuelve viral la pelea callejera de dos comadres, que nos atraganta con la silicona de los famosos, pero que amenaza seriamente con impedir que las próximas generaciones se acerquen al conocimiento y la identidad de aquellos que con sus acciones moldearon la sociedad que les tocó vivir. 

javierortizcass@yahoo.com