A buena hora, la senadora Paloma Valencia ha radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley para modernizar el ineficaz Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.

Desde su creación en 1990, este sistema de crédito agropecuario no ha podido llegar a los 2.4 millones de productores del campo colombiano. A pesar de ser el crédito más barato del país la cobertura ha sido mínima. De 231.000 operaciones de créditos realizadas en 1991, pasó a 414.000 operaciones de crédito en 2019, lo que representa crecimiento de 6.357 operaciones por año. A este ritmo vamos a necesitar 92 años para cubrir siquiera un millón de operaciones de crédito anuales.

Para empezar, aquí hay un problema de estructura gerencial que el proyecto de ley sugiere resolver. Varios de los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, como el gerente del Banco de la República, el ministro de Hacienda y el director del DNP, nunca asisten a las sesiones de trabajo donde se toman las decisiones de política de crédito. Delegan su responsabilidad en funcionarios que desconocen absolutamente el funcionamiento de los sectores agropecuario y financiero. Deberían cederles esos puestos a Asobancaria, al presidente del Banco Agrario y a la Asociación de Empresas Fintech.

La segunda reforma planteada en el acto legislativo en mención es la modificación del fondeo de recursos por parte de la banca al sector agropecuario. Para ponerlos en contexto, en Colombia existe una normatividad que obliga a las entidades financieras a invertir el 5.8% de los recursos que tienen en cuentas de ahorro, corriente y CDT, en créditos destinados a los actores que conforman la cadena agroalimentaria. Algunos lo hacen a través de unos Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) que emite Finagro y otros directamente al sector. El proyecto de ley busca corregir el vacío de la actual norma que permitió que esos recursos de créditos baratos se direccionen en las grandes industrias e hipermercados y no en los medianos y pequeños productores del campo.

De la misma forma, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, preocupado por la gran concentración del crédito en las ciudades capitales y no en el campo, ha iniciado un trabajo muy juicioso de ajustes a la operatividad de las líneas de crédito de Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantías, el Seguro Agrario y las operaciones de créditos a través de los contratos Forward de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Con la llegada del universo tecnológico y digital de internet, la banca ha tenido que adaptarse a los cambios para poder sobrevivir en este mundo globalizado. El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y Finagro no pueden ser ajenos a estos cambios. Dejar las cosas como están y esperar a ver qué pasa no es una opción, tenemos que esforzanos para hacerle llegar servicios financieros a la mayoría de los productores del campo y lograr hacer más ágiles, oportunas y baratas las operaciones tradicionales de crédito de los bancos para que nuestro sector agropecuario tenga un crédito a la carta.

En el tintero. Maravillosa la capacidad de gestión de la ministra barranquillera de Transporte, Ángela María Orozco, inaugura obras semanalmente.

*Consultor en crédito de fomento agropecuario.