Hace un mes propuse al gobierno en este espacio la importancia de enfocar todos sus esfuerzos económicos en la dotación de infraestructura hospitalaria y garantizar la producción de alimentos, mientras ganaba tiempo para enfrentar la pandemia del coronavirus que se nos coló por el aeropuerto el Dorado.
En materia de salud, tanto el sector público como el privado han hecho un enorme esfuerzo para dotar a los hospitales y clínicas de salas y equipos que se requieren para atender a los pacientes en UCI, proteger al personal médico y hacer las pruebas para detectar a los ciudadanos contagiados por el COVID-19.
Desafortunadamente, con la estrategia de seguridad alimentaria no ha sucedido lo mismo. El desorden y la improvisación en la distribución de las dotaciones de alimentos han estado salpicadas por escándalos de corrupción; los programas de ayudas y acceso a créditos no llegan a los agricultores y ganaderos para producir alimentos con la llegada de las lluvias de abril, y la apertura de importación de alimentos y materias primas sin aranceles ha desmotivado la producción nacional.
Me preocupa mucho el silencio de algunos dirigentes gremiales que tienen el deber de defender los intereses de los agricultores del país. Este problema no se resuelve con lamentos y diagnósticos trasnochados que acostumbran a repetir y repetir en los medios de comunicación y redes sociales desde sus lujosos despachos en Bogotá. Da mucha indignación ver tanta indolencia e inoperancia burocrática con el sector agropecuario.
Son más de 3 millones de agricultores y ganaderos que están angustiados por la falta de gestión de sus gremios y del gobierno en políticas públicas que resuelvan de una vez por toda la inseguridad jurídica y la certeza sobre los derechos de sus predios rurales. Productores del campo que no ven señales de políticas de inversión a largo plazo en sistemas de riego, asistencia técnica, oferta de biotecnologías, instrumentos de coberturas de riesgos de sus rentas, control sanitario y fitosanitario, vías terciarias y esquemas ágiles y oportunos de acceso a crédito agropecuario.
Muchos colombianos nos preguntamos, como teniendo un fondo de tierras con 4 millones de hectáreas ¿por qué no las adjudican a pequeñas familias que tenga apego por el campo? Si tienen una Corporación de Investigación Agropecuaria ¿por qué no regalan toda esa biotecnología a las familias campesinas? Si tienen una Agencia de Desarrollo Rural ¿por qué no construyen pozos profundos, reservorios y canales de riego? Si tienen un Banco Agrario y un Fondo Agropecuario de Garantías ¿por qué no respaldan el 100% de los créditos a los productores del campo que tienen un contrato de comercialización? y si tienen un ICA ¿por qué no ejecutan los protocolos de vigilancia sanitaria? Claramente, se trata de un problema de gerencia.
Lo acaba de advertir la FAO. “Las repercusiones de la pandemia del COVID-19 en la vida y los medios de subsistencia de la población, en el comercio mundial de alimentos, los mercados y las cadenas de suministros van a sufrir cambios”, y esto, lógicamente, va a traer graves consecuencias en la seguridad alimentaria.
Proteger a un médico o a una enfermera es tan importante como proteger a quienes producen nuestros alimentos.
*Experto en financiamiento agropecuario.
