Dos miradas resultan del anunciado paro del jueves próximo. Una es de sus organizadores y simpatizantes. Consideran ellos que es justo hacerlo y cuentan con una lista de inquietudes y quejas que traen bien amarradas bajo el brazo. El objetivo es protestar por medidas del gobierno, que en los últimos días ha negado haberlas tomado o anunciado. Como la disminución a 75% del salario mínimo para jóvenes menores de 25 años; la presunta eliminación de Colpensiones; el aumento de la edad de jubilación y la reforma tributaria. Todo bautizado bajo el despectivo título de “El Paquetazo” de Duque.

La convocatoria está amparada en el derecho constitucional que asiste a quien desee protestar de manera pacífica, siempre y cuando llene los requisitos como informar la hora, el día, el sitio de reunión y la radicación de una solicitud de al menos tres personas, con 48 horas de antelación a la fecha del evento. Esa es la formalidad. Lo otro es la garantía legal de la gente, de las organizaciones y de la sociedad civil.

La otra mirada es la del gobierno, las autoridades y algunos sectores políticos. El argumento de estos está basado en los más recientes acontecimientos de nuestros vecinos en Latinoamérica, pero esa situación no da lugar a la provocación y agresión y mucho menos a la paranoia por lo que no ha sucedido aquí. Aunque Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras y Haití desde octubre han tenido y tienen hogueras encendidas por la inconformidad ciudadana y por el aire de infiltración de las airadas protestas que han dejado un reguero de muertos y miles de millones de dólares en pérdidas.

Por temor, y por mensajes de redes, hay alerta que se mide por el número de inesperados consejos de seguridad en diferentes entes territoriales y el anuncio de capturas de extranjeros vinculados a posibles infiltraciones. Aunque se trata de casos hipotéticos la percepción está regada en medios de comunicación, entre funcionarios públicos y vecinos comunes y corrientes. Como una querida y dulce señora de mi edificio asustada porque “el comunismo ya llegó”.

Un ejemplo de paranoia y de una especie de plan antiparo es que hace pocos días circuló un video de acento paisa, con todos los rasgos del viejo paramilitarismo, creando alarma y por supuesto temor entre los miembros de grupos de WhatsApp, que sin filtro reenvían y reenvían cuanto mensaje les llega. Peligroso aporte hace a la democracia quien produce ese tipo de piezas comunicativas y también quien se hace sujeto multiplicador de la cadena de presunta prevención.

No hay duda de la necesidad de alerta por parte de la fuerza pública, es su deber. Y a los organizadores del paro recordarles que una protesta es legítima cuando no vulnera los derechos de los demás. Hay que respetar la vida, la integridad física y la libre circulación de la gente. Los actos vandálicos no son la solución.

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