Columnas de opinión |

Ajá, ¿y el alcalde Joao qué?

En un fallo esperado y merecido de la procuradura provincial de Santa Marta, el concejo de Soledad en pleno ha sido destituido e inhabilitado por 10 años. 

Es un fallo de primera instancia. Dicen quienes saben de derecho electoral que mientras se resuelven las apelaciones y se ratifica o niega el fallo en segunda instancia, los concejales pueden, por decisión personal y de sus respectivos partidos, arriesgarse a ser candidatos en octubre. 

Pero aquí lo que debe subrayarse es que, al extralimitarse en sus funciones y al ser políticamente irresponsables, los concejales la embarraron. Y también el alcalde Joao Herrera, que fue quien presentó y sancionó el  Acuerdo 00199 de 2016, que impuso el tributo. Inaceptable, además, porque Herrera es abogado y conoce o se supone que conoce la letra menuda de la Ley. Inaceptable, igualmente, que sus asesores jurídicos no le hubiesen advertido de la transgresión en que estaba incurriendo. 

Porque eso fue lo que ocurrió: por iniciativa del alcalde, y con el beneplácito ¿gratiniano? de los concejales, se creó, como dice el fallo, “un tributo que no había sido ordenado por la Ley”. Se lo inventaron dizque para financiar el deporte, aplicándole una deducción del 1,5% a los contratos y convenios que la Alcaldía y sus entes descentralizados suscribieran con los particulares. 

Como el Acuerdo de marras fue declarado nulo por el Juzgado Doce Administrativo y la sentencia ratificada por el Tribunal Administrativo, apenas alcanzaron a recaudar unos $120 millones en 2016. No lograron llenarse de plata porque era a partir de 2017 que arrancaba el grueso de la contratación. 

La Procuraduría no les aceptó a algunos concejales el cuento de que no sabían lo que estaban aprobando por su ignorancia jurídica o porque eran primíparos. El ministerio público dijo que su conducta  fue  gravísima (y además dolosa) porque “en forma voluntaria y consciente” le dieron la bendición a una criatura engendrada en el despacho del alcalde. 

Un dato llamativo es que los dos ciudadanos que presentaron la queja a la Procuraduría son familiares de dos excandidatos que tendrán ahora la oportunidad de entrar al Concejo. O sea, que la motivación no solo fue la defensa patriótica de la democracia, sino el interés político de sus seres queridos. ¿La versión soledeña de lo que Gustavo Petro ha llamado la ‘política del amor’? 

La lección que deriva de este hecho condenable es que quienes llegan a las corporaciones públicas y a los puestos uninominales tienen a su cargo una delicada misión que los obliga a ser responsables en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. ¿Por qué se ha desprestigiado tanto la política y los ciudadanos la miran como si fuera una cloaca? Por eso. Porque muchos servidores públicos no saben llevar con seriedad las dignidades que ha creado la democracia. Soledad, ponte pilas en octubre. 

@HoracioBrieva

 

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