La relación de Air-e con la ciudad no es cordial. Las tensiones se extienden al resto del Atlántico, el Magdalena y La Guajira. 
Tan tirante está el ambiente que el alcalde Jaime Pumarejo propuso unas mesas de concertación para abordar el problema. El mismo alcalde es víctima. Y se le sale la piedra (como a todos nosotros los ciudadanos comunes y silvestres)  cuando queda sin luz. 

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, que coordina el dirigente Norman Alarcón, es uno de los canales del inconformismo popular.

Los motivos de las quejas los sintetizó el jueves pasado la reportera Laura Melissa Jiménez en EL HERALDO: “Cobros excesivos, cortes prolongados - de hasta tres horas -, bajones de energía que afectan electrodomésticos, aumento en la facturación, violación al debido proceso y el cobro de energía consumida dejada de facturar”. Hay que sumar el cobro de la cartera de Electricaribe y los nuevos medidores.

El conflictivo tema de las tarifas no lo resuelve una intervención del alcalde. Porque él ni las ordena ni las puede revisar. Eso es competencia de la CREG, que siempre está del lado de los monopolios y no de los usuarios. 

El responsable de todo esto es el gobierno nacional que no cambió su libreto privatizador. Tras la venta de las electrificadoras, que terminó en la hecatombe de Electricaribe, la salida no era regalar sus activos a Air-e por $285.000 millones. Valen, en realidad, $2,44 billones.

Desde la Fundación Protransparencia lo que solitariamente propusimos (en columnas de este diario, en declaraciones públicas y en foros como el que una vez compartimos con el senador Jorge Enrique Robledo) fue que se expropiara e indemnizara a la multinacional española dueña de Electricaribe y que luego el Estado nación o territorial, manteniendo el patrimonio eléctrico, contratará a un operador. 
Es decir, la idea era que el Estado reasumiera en la Costa Caribe el control de un bien estratégico como la energía y no  dejara el negocio en manos de agentes privados. ¡Y de nuevo ocurrió! 

Porque eso es Air-e: un operador privado que llegó desde el 1 de octubre de 2020 con un indisimulable propósito de acumulación por la vía tarifaria.

El alcalde dice que la ciudadanía barranquillera quiere un “servicio a precio justo”. De acuerdo. Pero eso choca con la lógica del operador que es la maximización de sus ganancias, para lo cual ha puesto en marcha una dinámica que no tiene compasión con los bolsillos de los usuarios. Diezmados por los estragos económicos de la pandemia. 

Así es el neoliberalismo. Cuando los ciudadanos lo padecen en carne propia se dan cuenta de que no es una teoría abstracta sino un modelo que atropella sus intereses. Cuando el Estado pierde la capacidad de dirección y regulación de los servicios públicos los ciudadanos quedan a merced de los insaciables tiburones del mercado. 

Por eso no sé si las mesas del alcalde puedan servir para algo.        

@HoracioBrieva