Una forma frecuente de medir el porcentaje de pobreza de un territorio utiliza el ingreso monetario de los hogares y su relación con un estándar de ingresos mínimos mensuales para cubrir una lista de necesidades básicas que permitan un nivel de vida aceptable. Usar esta metodología de enfoque unidimensional para cuantificar un fenómeno conceptualmente complejo, como lo es la pobreza, puede resultar incompleto cuando se pretende analizar las múltiples causas y consecuencias de ella.

Colombia utiliza hace varios años la medición del índice de pobreza multidimensional, unido a la cuantificación del porcentaje de pobreza monetaria, como estrategia para valorar la eficiencia de las políticas públicas implementadas por los gobiernos con la intención de lograr que los que padecen condiciones de privación, las superen.

Al revisar las últimas cifras disponibles de medición de la pobreza en el país podemos constatar que estos dos indicadores muestran tendencias a la disminución en las últimas décadas. No obstante lo anterior, seguimos siendo unos de los países con mayor concentración de ingresos del mundo y tristemente, los avances en la superación de este flagelo no han sido iguales en todas las regiones de la nación.

La relación entre pobreza y mortalidad prematura está ampliamente descrita en la literatura científica. Los primeros análisis generales del impacto de la pandemia en las diferentes regiones del país muestran, de manera uniforme, que las tasas de mortalidad fueron mayores en los “pobres”. Si bien lo anterior puede tener una gran cantidad de explicaciones técnicas, en un sistema de salud como el nuestro, donde la equidad es un principio rector, las cifras reportadas resultan inadmisibles. 

Unido a lo anterior, en Colombia, la salud fue elevada a la categoría de derecho fundamental en 2015, lo cual significa que el Estado debe emprender de manera amplia y decidida acciones intersectoriales que garanticen el disfrute de la salud a todos los ciudadanos, priorizando entre ellas la atención a la pobreza.

Y es que el efecto de la pobreza en disminuir la expectativa de vida fue una vez más expuesta en una reciente publicación en la prestigiosa revista The Lancet que analizó los datos de 1,7 millones de personas. Los autores reportaron una clara asociación entre un bajo nivel socioeconómico (sinónimo de pobreza para ellos) y la disminución de la esperanza de vida en más de 2,1 años en adultos entre 40 y 85 años. El efecto negativo de este determinante de la salud resultó ser mayor que el observado para el alto consumo de alcohol, la obesidad y la hipertensión arterial, en los que la disminución de la expectativa de vida fue de 0,5, 0,7 y 1,6 años, respectivamente.

En la recta final del proceso electoral y deseando que fuesen los argumentos en defensa de los planes de gobierno y no los escándalos los que llenasen los contenidos noticiosos, inquieta la omisión que algunas campañas hacen de la citada asociación en sus documentos maestros. De hecho, la situación se agravaba para unos candidatos al escucharlos proponer etéreas acciones para mejorar los resultados en salud, todas ellas centradas en intervenir factores individuales y no estructurales.

La decidida atención a la pobreza debe ser prioridad para el próximo presidente, especialmente en esos grupos donde la pandemia acaba de revelarnos una gran inequidad en el disfrute de un derecho fundamental.

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