Tal vez una de las preguntas que más genera angustia en un estudiante de Medicina que cursa sus últimos semestres es la que le formulan amigos y familiares acerca de si ya sabe en qué se va a especializar. Para dar respuesta a la inquietante pregunta, muchas veces se recurre a la explicación socialmente correcta de que aún no se ha rotado en todas las especialidades, que se quiere avanzar un poco más en el plan de estudio, o incluso hacer algo de ejercicio profesional como médico general, para poder entonces decidir, lo que vocacionalmente sea adecuado.
En mi época de estudiante de pregrado, la decisión, al igual que hoy, también dependía de la disponibilidad de cupos para especializarse en el país. En esos tiempos lejanos, los escasos programas académicos para formarse como especialista en Colombia estaban concentrados en Bogotá, Medellín y Cali. En mi caso, y gracias a la sólida formación que nos dieron nuestros docentes en Uninorte, logré ingresar a hacer residencia en el servicio de pediatría del Hospital de San José, en esa época adscrito al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Recuerdo con mucha alegría mi primer día como residente. Ese 1ro de febrero, al igual que todos los años, el gran hospital recibió a sus nuevos estudiantes: todos ingresamos conociendo nuestros múltiples deberes y muy pocos derechos. Teníamos claro que se nos daría donde dormir, algo de comida y muchísima formación profesional y personal, por ello solo deberíamos pagar con nuestro trabajo en interminables jornadas de hasta 36 horas continuas, pues era claro que habíamos llegado para “residir” en el servicio.
La ley 100 del 93 y la adopción en el país de las tendencias modernas en educación para el área de la salud, modificaron la relación entre residente y residencia. Los cambios empezaron por la inmediata obligación de otorgar más derechos y limitar deberes de los residentes. Los costos asociados a esos nuevos derechos fueron trasladados a las universidades y estas, para poder seguir manteniendo abiertos los posgrados, se vieron en la obligación de cobrar matrículas. La limitación de deberes encareció la prestación de servicios de salud en los grandes centros hospitalarios, por lo que la gran mayoría de ellos decidieron cobrar a los programas académicos por permitirles formar especialistas en sus servicios.
Desde los inicios de este siglo los cupos para especializarse en el país han aumentado de manera sostenida. El cobro de matrícula no disminuyó la demanda, pero si limitó las posibilidades para un grupo de aspirantes. Formarse con calidad como especialista médico quirúrgico siempre ha exigido dedicación exclusiva, por lo que la posibilidad de generar ingresos durante los años de formación nunca ha existido cuando se asume la residencia responsablemente. Si no se tenían los recursos, especializarse con calidad nunca sería una opción real.
Colombia se tardó en normalizar esta situación, pero para tranquilidad de los casi 5.000 residentes de primeras especializaciones médico quirúrgicas en el país y de los que los seguirán, a partir de este mes de agosto, dando cumplimiento a la ley 1917 de 2018, se le pagará mensualmente a cada uno de ellos el equivalente a 3 salarios mínimos legales vigentes. Con la implementación de esta ley se ayudará a que los estudiantes, las universidades, y los hospitales puedan valorar nuevamente la calidad institucional y el talento individual como el factor principal que defina la posibilidad de relacionarse como residente y residencia.
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