El cierre de los colegios y las universidades fue una de primeras medidas que tomaron los gobiernos para intentar contener el avance de la pandemia. En el momento más crítico de la emergencia sanitaria, se calcula que más de 1.300 millones de niños alrededor del mundo dejaron de asistir a los centros educativos; la mitad de esas “víctimas” se reportaron en países de ingresos bajos y medio-bajos.
Un número no despreciable de estos niños nunca volverá a la escuela. Sin la opción ya de regresar a las aulas, el trabajo y el matrimonio infantil, así como el embarazo en adolescentes, se materializarán lamentablemente con mayor frecuencia para ellos como realidades de vida.

En Colombia la situación no ha sido diferente. Con la información disponible se puede afirmar que la pandemia por covid-19 en nuestro país impactó más severamente el acceso y la calidad de la educación de los niños más vulnerables, empeorando la desigualdad existente, y por lo tanto, limitando aún más sus oportunidades.

El año finaliza con aproximadamente el 20% de los niños colombianos sin haber podido regresar a la presencialidad, de los cuales la gran mayoría pertenecen a la Colombia menos favorecida. Una multiplicidad de razones que incluyen las gremiales, las de bioseguridad o de falta de infraestructura en algunas regiones, han sido usadas para justificar el no cumplimiento de la directriz nacional que permitía el regreso desde hace varios meses.

El haber pausado la educación como la conocíamos, sin estar adecuadamente preparados para hacerlo, impactó negativamente en los alumnos, en esferas diferentes a la académica, con una magnitud que aún no alcanzamos a dimensionar en su totalidad. La disminución de la actividad física, el aumento de la inseguridad alimentaria y los mayores niveles de ansiedad, entre otras causas, sumado a una mayor exposición a violencia doméstica, han generado secuelas biológicas, psicológicas y sociales en esta población que deben ser atendidas de manera urgente.

Por todo lo anterior, veo con preocupación como en el análisis de la realidad de nuestro país no se habla de la urgente necesidad de implementar un programa de Estado para la recuperación integral de nuestro sistema educativo. Necesitamos nivelar lo atrasado, atender las consecuencias no deseadas de lo actuado y comprometernos seriamente, de una vez por todas, a que los niños y jóvenes de nuestro país tengan la posibilidad de acceder sin limitaciones a una educación de calidad sin importar donde vivan o cuán prósperas sean sus familias.

La pandemia mostró muchas de las debilidades institucionales de nuestros países. Una de ellas es la forma tan desmedida como en lo público se asocia con buena gestión la consecución de recursos para inversión en obras civiles, sin incluir en su valoración, los impactos sociales que generan.

La educación no es solo construir lindas sedes para las escuelas. El nuevo gobierno necesita tener la capacidad de garantizar recursos para que los niños de nuestro país puedan desarrollar todo su potencial. Inversiones sostenidas en el tiempo en tecnología, bioseguridad, talento humano, entre otros, nos ayudarán a estar mejor preparados para enfrentar la próxima emergencia mundial, sea cual sea su origen.

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