Desde los estudios realizados en 1974 por Lalonde en Canadá, las comunidades académicas y políticas del mundo han hablado de grandes determinantes de la salud en los individuos y en las poblaciones. Es aceptado por todos que factores de la esfera personal, social, económica y ambiental modifican, de manera positiva o negativa, la salud del individuo y de la población en la cual se encuentra.

Para facilitar el abordaje y la intervención de ellos, los determinantes han sido divididos en dos grandes grupos: Los que son de responsabilidad multisectorial, sociales, económicos y políticos (determinan al menos el 40% del estado de salud de un individuo), y los de responsabilidad propia del sector salud (genéticos, biológicos, factores ambientales, estilos de vida y atención en salud).

Colombia, asumiendo grandes compromisos como nación, en este siglo ha logrado consolidar avances en la disminución de las desigualdades económicas y de las disparidades en salud. Es innegable que intervenciones disruptivas como las grandes obras de infraestructura vial, la firma del acuerdo de paz y la atención humanitaria de los desplazados venezolanos, por citar solo algunas, han influenciado positivamente los determinantes sociales en salud. Estos logros como nación son opacados por las grandes e intolerables diferencias, aún existentes, entre nuestras regiones y entre los ricos y pobres que en ellas habitan. Las brechas en mortalidad infantil o acceso a agua potable entre los departamentos de las costas y los del centro del país, y entre los estratos más altos y bajos de los municipios, son un claro ejemplo de lo anterior.

Son muchas las condiciones de salud que afectan de manera desproporcionada a los pobres y a las minorías. Las enfermedades infecciosas, la alta carga de enfermedades crónicas y el limitado acceso a servicios médicos y de salud pública de calidad, hace que estos grupos vulnerables paguen por su condición social, un elevado costo en años de vida saludable. Cuando un pobre tiene 12 veces mayor probabilidad de morir que un rico ante la misma enfermedad, como sucede en el país con la COVID-19, podemos decir que la injusticia social genera inequidades en salud que están matando colombianos.

En la mitad de esta compleja situación económica y epidemiológica que vivimos, la cual, muy seguramente condicionará de manera negativa los determinantes sociales en salud durante los próximos años, el Gobierno debe construir el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, con el que es deseable se salde la deuda regional histórica con la periferia en términos concretos de poder ejercer con igual oportunidad el derecho a la salud, la intervención decidida de los determinantes a cargo del Estado y la garantía de hacer enfoques diferenciales respetando la cosmovisión de nuestra región.

Los actores sociales, institucionales y académicos debemos desde el Caribe aportar para que el Pacto por la Equidad, declarado en el actual Plan Nacional de Desarrollo, se materialice con acciones concretas en el nuevo Plan Decenal de Salud Pública. Lo vivido hasta ahora con la pandemia nos ha enseñado que si bien podemos disfrutar de privilegios en lo individual, solo será la mejoría de los determinantes sociales en salud lo que nos llevará a niveles superiores de bienestar como comunidad.

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