Surge entonces la pregunta de un campesino en el rincón de la selva. ¿Por qué entonces estamos tan mal? La respuesta es sencilla: el problema no es tanto de normas ni de reformas constitucionales, sino de una mejor condición humana, pues hoy estamos viviendo el tango “Cambalache”:
“Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé… Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor… Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseaos”.
De esas herramientas, destacamos las siguientes:
La consulta popular. La consulta anticorrupción de siete preguntas, la mayoría de las cuales ya estaban reglamentadas y algunas podrían establecerse como leyes ordinarias a través del Congreso de la República. Esta iniciativa no tuvo éxito no obstante haber alcanzado una votación considerable de cerca de 12 millones de votos. Sin embargo, el costo de esa participación superó los 300.000 millones de pesos, perdidos. Con este dinero se pudo construir 3000 escuelas rurales o 1500 centros de salud.
El plebiscito por la paz. Tan innecesario como ineficaz. Tuvo un costo de 280.000 millones de pesos para hacerle una pregunta al pueblo colombiano, para refrendar lo aprobado en la Habana con la guerrilla de las Farc. ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? La respuesta por el NO fue mayoritaria. Con este dinero se pudo haber construido 2500 escuelas rurales o 1300 centros de salud.
Consulta liberal. Se realizó en noviembre de 2017 para preguntarle al pueblo a cuál de estos dos candidatos escogían como candidatos a la Presidencia de la República por el partido liberal. La abstención fue del 90%, salió ganador Humberto de la Calle. Cristo quedó de segundo, de dos candidatos. Y se perdió del panorama político. Esa pregunta le costó al pueblo 40.000 millones de pesos. Con este dinero se pudo construir 400 escuelas rurales o 200 centros de salud.
Ahora bien, dentro de este circo, surge la iniciativa del senador Roy Barrera, organizando un referendo para revocar el mandato del Presidente Iván Duque, propuesta que no le vemos ninguna posibilidad de triunfo. Actualmente esta figura está contemplada para los alcaldes y gobernadores. Incluir al Presidente de la República se podría hacer a través de una reforma constitucional, sin costo alguno.
El costo de este proyecto superaría los 200.000 millones de pesos que también se van a perder en esta expresión populista y macondiana.
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