Siguiendo con el billonario contrato de concesión Ruta Caribe 2 podemos decir que este no se socializó formalmente con la comunidad. En efecto, según un derecho de petición de varios líderes de Luruaco, entre ellos, Miguel Pérez Maldonado, tampoco se hicieron las consultas previas a los consejos comunitarios Kusuto y Magende de Luruaco y Matamba del corregimiento de Pendales de este mismo municipio, exigencia indicada en el artículo 330 de la Constitución Política. Este aspecto demuestra que este proyecto no cumplió con el artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo indicado en el artículo 11.2 de la Ley 1508 de 2012.

Ahora bien, es sospechosamente exagerado el valor de este contrato de 4.3 billones de pesos, para una vía de 134 kilómetros, (una vía plana, seca, firme, sin cordilleras, sin derrumbes, ni pantanos y sin túneles), cuando ya hay una calzada construida, que es la actual vía para el transporte de carga y de pasajeros entre Barranquilla y Cartagena, vía La Cordialidad, lo que significa que si se tratara de la construcción de las dos calzadas completas, su precio sería superior a 8 billones de pesos, es decir, media reforma tributaria. ¡Esto me huele a maluco!

Pero esto no es todo. El precio de estos contratos es fijado caprichosamente por los directivos de la ANI en detrimento del pueblo colombiano. Veamos el ejemplo publicado en el diario El Espectador (domingo 29 de agosto de 2021, pag,  22), cuando en el 2004 adjudicaron al consorcio Sociedad Futuro Concesión (Guido Nule, Alejandro Char y Carlos Collins), la construcción de la doble calzada Bogotá- Girardot, de 128 kms a un valor de 882.000 millones de pesos que a precio de hoy sería de 1.3 billones de pesos, siendo un trayecto de cordilleras, con derrumbes, curvas e inestabilidad geológica, pero 3 billones menos que la actual doble calzada Barranquilla- Cartagena, totalmente plana y de una sola calzada pues la actual sólo requiere de unos arreglos.

En estos contratos de concesión APP es donde está el desangre del pueblo colombiano, pues se acuerdan precios locos, y si bien es cierto que se trata de inversiones de capital privado, ese dinero vuelve al bolsillo del capitalista mediante costosos peajes, que el pueblo paga con sudor y hambre.  Debo advertir que el capital privado es una herramienta de gran utilidad en nuestra economía, pero no así, como si estuviéramos en una feria de pueblo, en una región tan pobre.

Esta región, según el DANE, tiene hoy otras 150.000 personas en el corral de la pobreza multidimensional, llegando esta cifra a más de 3 millones de pobres como si estuviésemos en Haití. La diferencia es que aquí el costeño lleva la pobreza con alegría, en un ambiente de circo romano diseñado estratégicamente en la mente del colectivo, para crearle un estadio mental de falsa felicidad, mientras otros, en las noches oscuras y en medio del fandango, se llevan el botín como piratas del Caribe.