El inciso segundo del artículo 122 de la Constitución Política dispone: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. De igual manera, el preámbulo de la misma así como el artículo 2º, inciso segundo, obliga a toda autoridad proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. En este sentido, frente a la pandemia del COVID-19, los alcaldes y gobernadores deben prestar toda la atención en salud para proteger la vida sin descuidar el aparato productivo. No existe la disyuntiva: la vida o el empleo. Son ambas cosas que deben protegerse armónicamente.
Bajo este panorama de terror, desesperación, incertidumbre, pobreza y de desorden social, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que es médico, después de haber seguido los lineamientos del Ministerio de Salud, manejando adecuadamente el orden público de su ciudad, en un acto de liderazgo tomó el ejemplo de la alcaldesa de Guayaquil, utilizando un medicamento que en estos momentos no cuenta con el sello de Invima.
¿Qué hace entonces un gobernante acorralado por un enemigo tan peligroso que está diezmando su población? ¿Cuarentena indefinida o esperar la vacuna que todavía demora cerca de un año para llegar a estas tierras? ¿Con qué alimenta a todo un pueblo? ¿Qué hace con el aparato productivo y el cierre de las empresas que ya produjeron los primeros 5 millones de desempleados?
No puede cruzarse de brazos esperando la vacuna contra el COVID- 19. Debe ser inteligente, creativo y decidido en buscar la mejor solución y no tener miedo a las posibles investigaciones que puedan abrirle los organismos de control mientras no esté metiendo las uñas en el presupuesto público, pues una investigación de la Fiscalía o de la Procuraduría debe estar enfocada contra un acto administrativo no sólo irregular sino con dolo, así el fiscal muestre su jeringa cargada de barbosilina para eliminar a aquel funcionario que es un peligro para la sociedad política.
Ni tampoco asustarse con lo que dice el Invima, un ente burocrático e ineficiente en el manejo de sus licencias, capaz de oponerse al uso de los ventiladores mecánicos construidos en Medellín por prestigiosas entidades de salud y de varias universidades, que trabajaron en estos aparatos sin ningún ánimo de lucro.
Así las cosas, el alcalde de Cali y todos los demás gobernantes del país deben seguir buscando las mejores herramientas tecnológicas y médicas para enfrentar la epidemia, pero también preservar el aparato productivo para evitar más desempleo, pues al final lo que nos espera es un mundo de vivos muertos, pero tampoco unos muertos de verdad. El panorama no puede ser kafkiano.
Frente a este escenario oscuro y peligroso saldrán adelante aquellos gobernantes inteligentes. Los otros, buscarán culpables a su alrededor, diciendo: “La culpa es de la vaca”.
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