El Heraldo
Opinión

Voces autoritarias

La reacción gubernamental frente a la Minga indígena es una voz autoritaria que devela nuestra historia de exclusión política, reflejando que la guerra social interna nunca se ha ido. 

El Gobierno se ha vuelto experto en crear enemigos sociales, señalando que en todo reclamo hay razones políticas, como si hubiese alguno que no las tuviese. La mejor evidencia de la naturaleza política de este conflicto es la vocería gubernamental con el Alto Comisionado de Paz. Los indígenas no son organizaciones o ejércitos rebeldes ilegales y su legítimo accionar es expresión de nuestra incipiente democracia. Hacer política en el marco de la ley es necesario y deseable. Descalificar la expresión indígena es desconocer sus reclamos. La clase gobernante echa de menos que los indígenas no quieran darle continuidad a la injusticia e inseguridad que los agobia desde la Colonia. 

El gobierno se ha dedicado a crear una guerra política; y quien no esté en su perspectiva es su enemigo. En este momento son los indígenas; en otros, es la justicia, maestros, estudiantes, jóvenes, sindicatos, sectores informales, ciudadanos indisciplinados y partidos de oposición o independientes. Cuando se quiere hacer la guerra, se inventa y se procuran los medios que pueden ser la ley, el poder, la exclusión o el silenciamiento. En esta guerra, el objetivo es conservar privilegios de minorías y defender la ley y la justicia que así lo permitan. Las demandas y críticas son catalogadas como injustificadas y ajenas, pues incomodan y explicitan la incompetencia y antipatía del gobierno hacia la ciudadanía. Asume como adversarios los sectores sociales y no al narcotráfico y organizaciones ilegales. La estrategia es tildar a quienes no están del lado del poder, o que defienden posturas contrarias a él, de anarquistas, perezosos, mantenidos, promotores del desorden y vándalos. El gobierno para reactivar la economía, lo hace amenazando, chantajeando y exacerbando los conflictos en lugar de atenderlos. Deslegitima a los más desprotegidos, gritándoles en tono de campaña electoral, en escenarios empresariales, para mantener la lealtad de sectores corporativos que ya tienen infinita gratitud por la consolidación de sus privilegios. 

Es autoritarismo defender que el Presidente no tiene por qué responder a los ciudadanos y tampoco al Congreso. Con callejones sin salida pagaremos caro tanta soberbia y arrogancia; pues, como decía Kennedy, una revolución se hace inevitable cuando algunos hacen imposible una evolución pacífica. Algunos incluso perciben como contraproducentes reformas que benefician a las mayorías. Y cuando se trata de protestas, son vistas como ilegítimas. Se difunde la idea según la cual ellas no deben ocurrir. Se dice que la protesta sí, pero no siempre. Que solo es válida con moderación. Se afirma que sí, pero ahora no, buscando impedirla, so pretexto de la pandemia, la recuperación de la economía o porque limita el derecho de otros. Y nunca llega el ahora sí. Y si los ciudadanos votan por propuestas novedosas se asume que son manipulados, comunistas o radicales. En fin, se quiere gente sumisa. Por esto incomodan tanto las protestas indígenas.

 

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