Las vacunas son producidas por grandes países y poderosos laboratorios, cuyo negocio es la necesidad humana. Pero el gobierno, que solo es palabras, tan solo palabras… nos cuenta su verdad: que a través del mecanismo Covax contaríamos con vacunas para 10 millones de personas, que llegarían “exactamente” para el segundo semestre (es decir, en un rango de 180 días). Así mismo, que con hipotéticas transacciones con farmacéuticas podríamos adquirir vacunas para otros 5 millones de personas, que llegarían en el primer semestre del próximo año (sin fecha “aproximada”). Y asegura que para el 2022 todos tendríamos acceso a la vacuna. Hoy no se ha iniciado ninguna negociación de compra, sin embargo, se asegura que tendríamos las primeras vacunas en el primer semestre de 2021. Ojalá no suceda lo mismo que pasa con los contratos de obras públicas; pues si fuese así, en el 2024 no habrán llegado las vacunas necesarias.

Estas vacunas se aplicarían a 800.000 trabajadores de la salud, personas mayores de 60 años (o de 70 años) y quienes presenten comorbilidades. Pero si al personal de la salud les pagan sueldos de miseria y atrasados (aún después de su muerte), no les hacen contratos de trabajo reales y no les dan los equipos de trabajo ni de protección, entonces cuesta creer que serán priorizados. Esta parece otra mentira anunciada. Igual duda surge con los mayores, a quienes el gobierno desprecia y trata como incapaces de pensar y obrar responsablemente.

¿Los políticos, las familias más encumbradas y los altos funcionarios del Estado esperarán su turno hasta el 2022 o 2023? Siempre en Colombia las personas han sido atendidas de acuerdo con su origen, apellido, posición social, relaciones políticas, capacidad de corrupción, amenaza, chantaje, influencia o fortuna. Surgen muchas dudas con la futura distribución de la vacuna, cuando observamos que los recursos públicos de la pandemia fueron distribuidos a través de los bancos, que acaban de anunciar utilidades mayores al 100%, en medio de la miseria y el hambre de más de un tercio de colombianos. Esta vacuna sería gratuita, pero tendría un valor: las exigencias de los distribuidores. Si se distribuye a través del programa estatal de vacunación, ojalá no sea intervenida por alcaldes y gobernadores, por políticos especuladores e intermediarios de las necesidades de los ciudadanos o por intereses particulares que estén detrás de las entidades de salud, Fiscalía, Contraloría o Procuraduría. Y donde el Estado no existe ¿Cómo intervendrían las bandas paramilitares y del narcotráfico, las disidencias de las FARC o el ELN? Y si estos distribuidores de todo lo que se asemeje a un negocio, no dan abasto, entonces ¿Quién será el garante de que no se perfile un cartel para una vacuna que aún no existe y que no ha sido comprada ni negociada? Una dosis de optimismo: soñemos con una Colombia, 2021, con vacuna y sin “cartel” de distribución.