El poder político no puede terminar favoreciendo el crimen. La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional CPI de cerrar la investigación sobre Colombia por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco del conflicto político interno, es una vergüenza nacional, una ofensa para la dignidad humana y una valoración antidemocrática, motivada por un informe del gobierno colombiano, que se disimuló ante la opinión pública. La política exterior e internacional de Colombia hoy no logra concitar el respaldo nacional. Lo único “exitoso” de la diplomacia del actual gobierno ha sido, con el pretexto de defender los intereses de la nación, lograr que irresponsablemente el Fiscal de la CPI archive dicha investigación y así aplazar que Colombia y actores políticos y particulares fuesen eventualmente enjuiciados.

El gobierno buscaba, sin ética, proteger recursos materiales de Colombia, cuando lo que debería primar es la defensa de una nación con dignidad moral. Se atentó alevemente, desde la institucionalidad, contra los más caros intereses de la nación: la democracia, la paz, los derechos humanos, las víctimas y la legitimidad del sistema político. El informe gubernamental y la decisión del organismo internacional terminaron protegiendo a quienes están comprometidos, material o políticamente, en delitos muy graves. Tanto se proclamaba la defensa de las víctimas y justo se hace todo lo contrario.

Varios medios de comunicación consideran que el cierre de dichas investigaciones es un éxito diplomático. No es exitosa una diplomacia que atenta contra los más sagrados intereses del país y la sociedad. La diplomacia es exitosa si le sirve a la nación. No puede serlo si favorece a grandes responsables de crímenes contra la humanidad, cometidos internamente. Una política exterior, sin estructura, metodología y debilitando el poder nacional, acabó protegiendo a numerosos exgenerales, exministros de defensa, expresidentes, exguerrilleros, parapolíticos, paramilitares y particulares vinculados, por conveniencia, en el desarrollo y mantenimiento del conflicto colombiano. Lo anterior, con el argumento de que el sistema de justicia en Colombia es eficiente y está en capacidad de atender, investigar e impartir justicia. Fue triste y falaz el argumento presentado por el gobierno y deplorablemente aceptado como válido por el Fiscal de la CPI. La mayoría de los ciudadanos sabe que la afirmación de una justicia colombiana eficaz y eficiente es una gran mentira. La única que intenta actuar con justicia sobre el conflicto es la Justicia Especial para la Paz, a pesar de la nefasta y sistemática oposición a su existencia y funcionamiento.

Son conocidos los problemas estructurales de Colombia que, sumados a los asesinatos de líderes sociales, corrupción y falta de justicia, son especialmente desfavorables para las víctimas del conflicto. Es de mal gusto afirmar que el sistema judicial colombiano está en capacidad y tiene la voluntad de tramitar los delitos cometidos en el contexto del conflicto. Buena parte de la gestión de la institucionalidad gubernamental no responde a una política coherente de verdad, justicia y reparación.