Preocupante resulta el informe de la Fundación Ideas para la Paz que evalúa los riesgos de la transición tras la firma del acuerdo con las FARC. Un análisis oportuno y riguroso que confirma el difícil momento que atraviesa buena parte del país donde la confrontación armada se mantiene.
Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP e investigador principal de este trabajo, señala que “en un contexto de alta polarización y tensiones políticas, el aumento de la violencia y el impacto humanitario de la confrontación en las zonas que históricamente han estado afectadas por la guerra, no están teniendo la atención que se requiere”.
Según la investigación, el recrudecimiento de la violencia está focalizado en veredas y municipios de regiones como el Catatumbo, norte del Chocó, Bajo Cauca, sur de Córdoba y Tumaco, donde “el conflicto no se terminó sino se transformó con impactos negativos para las poblaciones”. Hay incremento de homicidios, especialmente de sus líderes sociales, masacres y desplazamientos, entre otras acciones armadas.
En zonas en las que las FARC tenían influencia como Caquetá, Meta y Putumayo, el deterioro de la seguridad es evidente por la afectación que generan nuevos y viejos grupos armados ilegales que coparon espacios dejados por los desmovilizados, “disputándose los territorios y coaccionado a las poblaciones en función de lograr ventajas particulares, ilícitas y corruptoras”. Economías ilegales buscando control social y poder político.
Es el drama de millones de colombianos que siguen siendo víctimas del conflicto armado que, para ellos, nunca terminó. Si acaso, mutó a un nuevo victimario –ELN, disidencias, Pelusos, Autodefensas Gaitanistas de Colombia– igual o peor de cruel que el anterior.
Las medidas del Gobierno se quedan cortas ante la magnitud del reto de superar el conflicto armado y construir la paz. “Colombia se encuentra en un momento clave en el cual se puede disminuir la violencia o dar marcha atrás, poniendo en riesgo a las poblaciones más afectadas por la guerra”, sentencia la FIP.
Se requieren acciones graduales que enfrenten los factores de riesgo y que ofrezcan resultados concretos y sostenibles para estas comunidades que demandan protección, mientras las zonas más amenazadas tienen que ser priorizadas. Es un monumental
desafío que no se construye de la noche a la mañana y que requiere consensos políticos que hoy estamos lejos de alcanzar.
En medio de esta paz incompleta hay mucho por resolver, la incertidumbre frente a la reincorporación de los excombatientes, el futuro de sus espacios territoriales, el marco normativo de la JEP, los rezagos del programa de sustitución de cultivos ilícitos, la seguridad de los erradicadores, el diálogo con el ELN, la lucha contra grupos criminales y delincuencia organizada, la protección efectiva de los líderes sociales... Bueno la lista es larga, pero nadie dijo que sería fácil. Suma de voluntades para avanzar, no más dilaciones.
