Entre las quejas que los gobiernos entrantes dan sobre el que los precedió, es virtualmente estándar la de la olla de las finanzas públicas raspada. Esto no sucedió en la actual transición, gracias al gigantesco aumento existente en el recaudo tributario nacional, que pasará de $162 billones en 2021 a cerca de $240 billones en este año y excederá $270 billones en 2023, un aumento de alrededor de 70% en dos años (sin sumar la devastadora reforma tributaria en trámite).

Hay, en cambio, una muy mala herencia del gobierno anterior que merece ser destacada: el compromiso que adquirió Colombia, en alguna reunión de la lagartería internacional que hizo la ONU, de reducir en 51% para 2030 sus emisiones de CO2, el gas que le da la vida a la vegetación. Compromiso inane porque Colombia genera apenas el 0,022% del CO2 producido por las actividades humanas, y de ninguna obligatoriedad, porque ningún país toma en serio ni cumple compromisos de este tipo, pero que se puede usar de excusa para decisiones muy dañinas para al desarrollo futuro de nuestra matriz de generación eléctrica.

Por décadas, nuestra generación eléctrica se basó en hidroeléctricas, la energía renovable por excelencia. Esto cambió con los racionamientos fruto de los efectos del fenómeno de El Niño de 1991-92, cuando quedó claro que, para garantizar confiabilidad, el sistema eléctrico nacional requería contar con una capacidad de generación en firme, térmica o atómica, que no dependiera de fenómenos climatológicos.

La matriz de generación eléctrica colombiana evolucionó en consecuencia, y hoy 73% de su capacidad de generación corresponde a hidroeléctricas. Apoyada por las térmicas, más del 80% de la energía consumida en Colombia es producida por hidroeléctricas, cinco veces el promedio mundial de 16%, siendo este uno de los países con mayor porcentaje de generación limpia en el mundo, si no el mayor.

Como la necesidad de disponer de un parque térmico para afianzar el sistema es incontrovertible, y su utilización ha probado ser benéfica, es claro que éste no debe ser tocado, de querer reestructurar la matriz de generación futura. Por eso, cuando hablan sobre “fuentes alternativas de generación” están hablando de substituir la generación hidráulica con la eólica o la fotovoltaica. Así fuera en el grado más mínimo, nada podría ser más torpe.

Con más de veinte años en el mercado, estas “energías alternativas” apenas representan el 7% de la generación global, a pesar de haber recibido gigantescos apoyos vía monumentales subsidios y legislaciones protectoras, por tres simples hechos: no son confiables, son enormemente costosas y son altamente contaminantes. Los paneles solares no generan energía de noche ni cuando está nublado, y las instalaciones eólicas no pueden hacerlo cuando no hay viento ni cuando hay mucho viento (porque sobrecargan el sistema). Y los elementos y baterías que usan, además de requerir minería intensiva para sus insumos generan un severo problema ecológico al desecharse. Amén de que sus altísimos costos deberán ser pagados por los usuarios, bien sea con impuestos o en las tarifas.

Es absolutamente necesario que este gobierno proteja nuestra matriz de generación, que es ejemplar, y que se baje de esa mala herencia que recibió del anterior.

Promesas como esas pueden servir para conseguir puestos en la burocracia internacional, pero no le sirven en nada a Colombia.