Permitir y auspiciar los abusos del poder es el camino más expedito para la desinstitucionalización de una democracia. En un país como el nuestro, en el que el Estado de Derecho es una quimera, los dislates del régimen agudizan la crisis endémica de una Nación que está a punto de caramelo para hacer implosión. El robo descarado de la cosa pública alcanzó niveles aberrantes, y, en vez de concentrarse en ello, el Gobierno, en cabeza del maquiavélico ministro Cristo, propone una Reforma Política inconveniente y acomodaticia, para bajarle, por un lado, la mecha al escándalo del robispicio, y, por el otro, para favorecer con un año más de periodo a un presidente que es, de lejos, lo más infausto que le ha ocurrido a la República, en toda su historia.

Imposible que un régimen que ha patrocinado como ningún otro la corrupción, la combata; eso es entendible, pero resulta impresentable, desde todo punto de vista, que se ponga sobre la mesa un remedo de Reforma Política por la vía del fast track, aprovechando la coyuntura de la implementación legal de los acuerdos de La Habana, máxime cuando el mentado mecanismo es fruto del robo descarado de la decisión popular mayoritaria y del arrodillamiento de un puñado de jueces y congresistas de bolsillo que cambiaron la juridicidad por la comodidad y la “mermelada”.

¿Será que la idea de alargar el periodo presidencial hace parte de la agenda oculta de la negociación, cuyo propósito real es crear un gobierno de transición que les garantice a las Farc enquistarse en las instituciones y echar allí sus pérfidas raíces? ¿Estamos frente a la reforma estructural del Estado que se ejecutará durante ese tal gobierno de transición, según lo acordado en Cuba? ¿El fin último del consabido parapeto será no hacer elecciones en el 2018 ante otra inminente derrota de Santos y sus amigos facinerosos, por el arribo de un presidente que represente de verdad lo que quiere el pueblo y desmonte de un zarpazo el ilegítimo acuerdo al que los electores dijimos “No”?

Amén de la intención inequívoca de favorecer a las Farc y de propagar su ideología caduca y nociva cual hiedra en el pantano, la reforma entraña otros venenos no menos despreciables. El tema de las listas cerradas obligatorias busca garantizar que la representación en el Congreso quede en manos de los dueños de los partidos, es decir, del centralismo bogotano, que definirá, a punta de bolígrafo, quienes van al bate. 

Un congreso genuflexo y comprado; la Corte Constitucional fungiendo de notaría silente del presidente, y los medios de comunicación “enmermelados” por la pauta oficial garantizan que el fast track sea el caballo de Troya que termine lo que empezó con el robo del “No”: un nuevo modelo de Estado hecho a la medida de la alianza Santos-Farc, cuyo censor será el Tribunal de Paz (JEP) encargado, además, de perseguir judicialmente a todo aquel que se oponga a las fechorías del régimen y de la guerrilla.  Ese tipo de horrores ocurre cuando se deja entrar al diablo en casa.

La ñapa I: No hay una cara de imbécil mejor administrada que la del deshonesto presidente del Senado.

La ñapa II: Bula declara; Santos dice que este está en la mira de la DEA; los medios “enmermelados” lo replican; Bula recula. El mensaje es claro 

La ñapa III: Hay en Barranquilla un rábula que posa de jurista: arma montajes en una superintendencia para luego “resolverlos”. Pronto lo desenmascararé.

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