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Opinión

¡El avión no es mío!

En días pasados el consultor Mauricio Cabrera tituló su columna de opinión diciendo que “hay que rescatar a Avianca”. Y yo añadiría que no sólo Avianca sino Latam y las demás aerolíneas que conectan a Colombia y a Colombia con el mundo. Y más que rescatar a dichas empresas de lo que se trata es de proteger los 600 mil empleos que, entre directos e indirectos, generan. 

Por lo demás, el transporte aéreo, al igual que las demás modalidades de transporte, es un servicio esencial vigilado y es el que pone en movimiento los ejes de la economía nacional, es el gran articulador del ecosistema productivo.

En el Decreto - Ley 811, uno de los últimos que expidió el Presidente Iván Duque al amparo de la Emergencia económica dejó abierta la escotilla al darle vía libre al Gobierno Nacional para lanzarle un salvavidas a las empresas que estén al borde de la insolvencia, mediante la compra de acciones en las mismas, con pacto de retracto. Ello, en tratándose de “empresas que desarrollen actividades de interés nacional”, tal es el caso de las aerolíneas.

Y lo que se predica para el sector transportador aplica también a los demás sectores de la economía que han venido recibiendo el apoyo para evitar que las empresas se vayan a la quiebra. Y de paso poner a salvo los empleos que ellas generan. Las empresas, además, producen bienes y servicios  y de contera contribuyen a la financiación del Estado mediante el pago de impuestos. No se puede caer, entonces, en la desmesura del pasajero del avión al que poco le importaba que el mismo se siniestrara, alegando que el avión no era de él (¡!).

Preocupa sobremanera que en dicho Decreto se deja una rendija para la eventual privatización de ISA o Ecopetrol, cuando alude a la facultad para enajenar “la participación accionaria del Estado…que posea en determinada empresa”.

Eso sí, en nuestro concepto la ayuda oficial a las empresas deben ser temporales, acotadas y condicionadas. Temporales, porque deben responder y corresponder a la coyuntura que, como la actual, amerite la intervención del Estado; pero, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a ella debe cesar.

Acotadas, porque dada la limitación de recursos con los que cuenta el Estado, se debe establecer un tratamiento diferencial y diferenciado según el tamaño de las empresas y su actividad, fijar prioridades, montos y plazos razonables. Es bien sabido que las Mipymes, a diferencia de las grandes empresas, han tropezado con dificultades para acceder al crédito bancario, no obstante la liquidez y las garantías por parte del Gobierno .

Condicionadas, de tal suerte que el apoyo a las empresas vaya en línea con las políticas estatales y no ocurra lo que en el pasado, por ejemplo que se desmontaron los parafiscales y se concedieron exenciones a cambio de que generaran empleo, no lo generaron pero se quedaron con los beneficios fiscales otorgados.

www.amylkaracosta.net

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