Recientemente la empresa minera Glencore informó al Gobierno nacional su decisión de renunciar a los contratos de concesión que le permiten realizar sus operaciones de minería de carbón en las minas de Calenturitas y la Jagua en el departamento del Cesar. Esta fue una noticia que tomó por sorpresa a varios de sus stakeholders (partes interesadas), especialmente a los trabajadores, comunidades y gobierno. Como es obvio, las manifestaciones de todo tipo no se han hecho esperar, dados los impactos adversos que esta decisión generará sobre el medio ambiente, las comunidades vecinas y la economía de esta región.

Los resultados conocidos de esa operación minera al concluir el año 2019 no permitían visualizar que esa decisión estuviera contemplada en los planes de minería de largo plazo de la empresa, ni en las revisiones del ciclo vida de esta operación minera. Sin embargo, el contexto del negocio cambió bruscamente. Las revisiones operativas y las proyecciones de precios a la baja, en un mercado deprimido y golpeado por los efectos del menor consumo de energía como consecuencia de las restricciones de la economía mundial establecidas para el control de la pandemia, y los acuerdos globales para gestionar el cambio climático, más las complejidades operacionales, legales y sociales propias del país, llevaron a esta empresa a concluir y comunicar que sus operaciones mineras en el Cesar eran económicamente inviables. Una dura realidad, de la que no está exenta ninguna de las actuales empresas que compiten en ese difícil mercado del carbón térmico en el mundo.

Lo que sigue ahora es un complejo proceso de devolución de áreas en condiciones operativas, tal como lo establecen los contratos mineros suscritos con el Estado, y el cierre final de aquellas áreas no requeridas por la operación. Sus características de prematuro e inesperado para sus grupos de interés, y por tanto no planeado con suficiente antelación, lo harán más difícil para esta empresa, comenzando por la formalización de la renuncia a los contratos mineros con la Agencia Nacional de Minería - ANM.

Probablemente ayudará mucho en ese proceso la guía de buenas prácticas para el cierre integrado de minas emitida por el Consejo Internacional de Minería y Metales –ICMM por sus siglas en inglés–, que provee a las compañías mineras la orientación necesaria para integrar apropiadamente el proceso de cierre con el ciclo de vida de la respectiva mina. Esta guía tiene como propósito apoyar el objetivo de dejar un legado positivo al tiempo que se hace un balance apropiado de la protección ambiental y bienestar social con el desempeño financiero.

Aunque en los ejercicios de planificación minera, desde la etapa de exploración, los planes de cierre de mina contemplan un cierre progresivo, en este caso es evidente la necesidad de revisar y ajustar dicho plan de cierre incorporando el escenario de cierre prematuro.

Las empresas miembros de ICMM deben estar comprometidos con facilitar el cumplimiento de las acciones requeridas para el cierre de minas en forma coordinada con las autoridades competentes y con los stakeholders o partes interesadas, tanto internas como externas, y hacer las provisiones financieras necesarias con el fin de afrontar eficazmente los aspectos ambientales y sociales del respectivo cierre. La meta debe ser lograr unos resultados sostenibles que sean beneficiosos para las compañías mineras y sus empleados, el medio ambiente y las comunidades vecinas o anfitrionas.

Uno de los aspectos clave de esta guía está relacionado con la planeación y preparación social para el cierre, de tal forma que ayude a reducir los impactos negativos del cambio para los trabajadores y las comunidades conectadas con la mina, buscando mejorar el legado de beneficios de las actividades mineras y logrando la mejor transición social posible para las partes interesadas al pasar de una mina operativa a una cerrada.