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Opinión

Dos denuncias públicas

 ¿Podemos indagar Señor Presidente Duque que está sucediendo al respecto  en  la Fiscalía General de la Nación,  los  juzgados  del país,  la Dian,  la SAE,  algunos ministerios y  algunos más, mientras las  autoridades regionales abren los estadios de  deportes para  que miles de personas  sin  tapabocas asistan a los eventos? 

Sí, queremos hoy dar a conocer dos actitudes o disposiciones, que comprometen mucho el comportamiento de algunas entidades ante la obligación que tienen de atender a la ciudadanía.  Léase bien por favor, ante la obligación, o sea que no es un invento sino una decisión sustentada en los Derechos de las personas. Y queremos hacerlo público porque desafortunadamente con el pretexto de la Pandemia algunas entidades se vienen moldeando a una cómoda informalidad maltratando a los ciudadanos que tienen el Derecho de ser escuchados, atendidos.

El primer caso, insólito Doctor Mendoza Secretario de Salud y Doctor Ruiz Ministro de Salud en Colombia es que algunas EPS a sus afiliados simples, o sea no adscritos a la medicina prepagada, les están negando hacerles la prueba de covid-19 a no ser que cancelen más de cien mil pesos que es lo que a su vez cobrar los laboratorios privados de bacteriología. El tema ya superó los interrogantes porque la ley es explícita en explicar que el ciudadano afiliado a una EPS debe recibir no solamente la asistencia en su enfermedad, sino en la convalecencia e inclusive subrayado en la prevención. La  prueba covid-19 es prevención. Además a diario las entidades oficiales empezando por el Ministerio de Salud solicitan que el público en general se acerque a la prueba sobre el virus. De este modo sabemos por dónde vamos, las estadísticas y las consecuencias benéficas de saber cuántas vacunas más necesitamos, cuantos infectados más viven en el país en el momento y toda la cadena de interrogantes posteriores, además del principal: Advertir al contagiado que se percate de esto, se apresure a medicarse y evite contagios a personas cercanas.

El segundo caso es ya bastante común en empresas privadas y públicas con la diferencia de que las últimas no pueden evadir la obligación por ley de atender a sus usuarios. Un distinguido periodista del país además magnifico exministro que adelantó excelente labor compró en Avianca un pasaje aéreo hacia determinado destino. Por alguna razón al cabo de los días tuvo que cambiar de fechas y se comunicó con Avianca, una empresa que presta un servicio público, léase bien, un servicio público, para el cambio requerido. Fue imposible tras dos días de intentarlo porque la que contestaba la llamada es una máquina.

Resolvió en  Bogotá acercarse a una oficina de Avianca y presentar presencialmente su sencillo caso a los cual la respuesta contundente fue: Aquí no se atiende casos en personas, comuníquese por la página Web, no valieron las súplicas. Se le atendía por la virtualidad porque Avianca había cambiado sus procesos. ¿Cómo así que una entidad que por obligación de ley debe atender público decide de la noche a la mañana no recibir presencialmente a sus compradores? ¿Está Avianca reduciendo costos por su crisis financiera y por lo tanto está reduciendo  el personal ? Además  de  la antipatía legendaria de la mayoría de  funcionarias que atienden la Aerolínea es la respuesta? Lo  grave aún más es que ya conocemos de muchas entidades públicas que decidieron no atender más al público presencialmente por la Pandemias:  ¿Podemos indagar Señor Presidente Duque que está sucediendo al respecto  en  la Fiscalía General de la Nación,   Los  juzgados  del país,   la Dian,   la SAE,   algunos ministerios y  algunos más, mientras las  autoridades regionales abren los estadios de  deportes para  que miles de  personas  sin  tapabocas asistan a los  eventos? Presidente  Duque: Usted Sabe mejor que  nosotros que la ley  es para  todos o para  ninguno y que una sola palabra suya  podría poner final a estas irregularidades.

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