No vamos hoy a inventar nada, tampoco pretender sentar una cátedra sobre el tema y menos culpabilidad a sectores o personas sobre el negativo diagnóstico que el país tiene acerca de la aplicación de la justicia, sobre todo la justicia penal. Es un aforismo llevado a la categoría de axioma que un país sin justicia es un país inviable, o sea, una nación a la deriva donde los derechos básicos fundamentales son la poética letra muerta de los fantasiosos. Y Colombia para nuestro dolor de ciudadanos transita, hace rato, por ese camino tortuoso de la justicia muerta. Veamos:

A cada momento aparecen delincuentes detenidos “In Flagrante, que llevados a reseñar les aparece media docena o más veces anteriormente detenidos y soltados al poco tiempo. ¿Por qué? Pues los jueces por negligencia, por la mala interpretación de la calificación de las pruebas, o por motivos que a veces comprenden sobornos o presiones múltiples, dejan en libertad al sindicado. Si no es así según la calidad del delito pasa a una unidad temporal de detención y posteriormente si se amerita a una cárcel. Como no hay suficientes centros de reclusión en el país tenemos hacinamiento. En el país es más del 200 %.

Muchas veces el Inpec debe rechazar remisos porque sencillamente no hay cupos. Desde hace varios años los gobiernos vienen pregonando la construcción de nuevas cárceles. Pero solo teorías y planes. La de Candelaria en el Atlántico tiene cinco años de estarse proyectando y los ministros de Justicia vienen, visitan, prometen, pero ni un ladrillo se observa en el sueño, mientras los moradores del pueblo justificadamente exigían una solución a un problema de servidumbre. Como no hay cárceles se deja en libertad al detenido porque aparece el “vencimiento de términos” que en el lenguaje sencillo se trata de que pasan los días, los meses y no se cumple por parte del juzgado los tiempos, los términos, que los códigos precisan como obligatorios para conocer, tramitar, acusar, determinar la reclusión o la libertad del detenido.

Los jueces alegan y muchas veces con razón que no alcanzan a procesar todos los expedientes que llegan a su despacho. Los ministros de justicia de muchos años, hombres y mujeres, por supuesto no todos porque hubo varios de ambos sexos maravillosos, viven pregonando que están ampliando los cargos de la rama judicial para la descongestión de expedientes, pero nada sucede en este sentido. Hoy día por promedio cada juzgado penal en el país tiene un número cercano a tres mil negocios por resolver esperando las filas. Las apelaciones o sea ascender a otras instancias de revisión del caso por escala superior pueden demorar hasta el doble de la instancia anterior igualmente por congestión. Total: Por uno u otro camino el delincuente no es castigado, es probablemente reincidente y cada día más el país se llena de violadores de la ley en todas las escalas y medidas, la ola de delitos crece y crece. La pregunta del millón hoy día es: ¿El Congreso conjuntamente con el gobierno de turno, no ven este espectáculo espantoso sin siquiera mencionar la corrupción galopante que lo arropa todo? ¿No tienen los dos poderes en sus manos, las formas, medios, instrumentos, capacidades, autoridades para cambiar este dantesco escenario que ha destruido a Colombia?