Son dos términos del español muy unidos en su significado, además, íntimamente ligados por su trascendencia profesional y humana, que se mencionan a cada momento, están hoy día en el vocabulario temeroso, prevenido, de la ciudadanía y tienen en su significado más profundo el estigma de la identidad de un pueblo que nos está martirizando la vida. Un estigma que ha crecido en la práctica cotidiana mil veces más, porque desde hace cincuenta años lo teníamos, lo soportábamos, pero de alguna manera lo manejábamos. Hoy día se nos salió de control.
La sociedad colombiana vive el día a día, comenta a cada momento y analiza en todo instante al grado que hemos llegado, donde no se puede salir a la calle en ningún momento en algún lugar medianamente solitario porque existe el peligro del asalto, el robo o la muerte.
¡Qué tristeza! Pero es el comentario a cada instante, la primera noticia en los periódicos, escritos y hablados y la estrella de las noticias en la televisión. Es la realidad de la vida y no sabemos controlarla. El gobierno tampoco.
Se predica que las causas de la inseguridad y la impunidad no tienen arreglo y que se debe a la pobreza, la angustia del hambre y la necesidad. No hay pobre honrado se dice vulgarmente. Mentira. Si hay pobres honrados, si hay ricos ladrones, si existen personas de todos los pelambres que son lo uno o lo otro. Es la diversidad de la vida donde interviene la educación, los grados de responsabilidad. El crimen es el crimen, el delito es el delito. Arreglarlos se puede de varias maneras, pero la inseguridad se reduce sustancialmente si se crean mayor número de autoridades en las calles y todos los rincones. Y la impunidad, no se corrige como dicen muchos con mejores jueces más honestos sino con un mayor número de estos mismos. Solamente en el Atlántico lo supimos recientemente y se estima que para prevenir el delito necesitaríamos por lo menos setenta jueces penales más como funcionarios de conocimiento, de instrucción, de decisión. El 79% de los delitos en curso no se han definido, están en proceso o investigación. Los jueces corruptos son la excepción, pero pocos. Como en todas las actividades y profesiones.
¿La pregunta es porque si estas realidades no son un misterio y las conocen los gobiernos no seleccionan cincuenta mil policías más y no amplían un mayor número de jueces? ¿Por qué el gobierno actual no invierte el presupuesto en estos rubros tan necesarios en vez de estar enviando millones de dólares en misiones a África que no surten ningún efecto o mantener un helicóptero para el traslado de un funcionario de la oficina a su casa y viceversa? ¿Por qué gastamos billones de pesos en crear ministerios con setecientos empleados si esas mismas funciones pueden atenderlas en otras dependencias? Cuantos interrogantes, ¿verdad?
