Lamentablemente se está abriendo un nuevo capítulo negro en el país que presagia un panorama difícil, peligroso e inoportuno además de ser absolutamente desestabilizador. Se trata de los iniciales conflictos que comunidades indígenas, afro y campesinos de la recóndita ruralidad, están manifestando con buena suma de violencia, para apoderarse de tierras en el campo y municipio alejados de las urbes o de propiedades urbanas, solares, sin construcciones o con ellas, que se adivinan o suponen baldíos o se les reconoce como propiedad de títulos legales a sus poseedores pero que son juzgados de antemano de no ser hábiles legalmente para explotarlos
Los hechos han avanzado bastante peligrosamente sobre todo en los Departamentos de Cauca, Antioquia, Valle, Cesar, Córdoba y Magdalena. Crece la preocupación porque si estos intentos donde la violencia y los muertos parecen ser la consigna, un nuevo ingrediente de alta explosividad vendrá a agravar la difícil ola de violencia, inseguridad, inestabilidad para una República que está estrenando gobierno y que todavía no ha encajado las bisagras acertadas para el manejo del orden público. Inclusive hay voces autorizadas que manifiestan el origen de estos iniciales conflictos en arengas de insubordinación lanzadas en la campaña presidencial buscando votos y favoritismo.
Respetables organizaciones profesionales y gremiales como Fedegan con su Presidente y directivos ha expresado justificadamente su preocupación con esta nueva situación conflictiva. Nada anhela más el pueblo colombiano que la paz total que el mismo gobierno lleno de buenos deseos invoca, trata de construir y parece ser, ojalá sin base sólidas, inicialmente esquiva. Las actitudes, opiniones, comportamientos y decisiones de ciertos ministros y altos funcionarios del gobierno, parecen en principio ser caldo de cultivo para el desarrollo de estas pretensiones insólitas, no se nos olvide que tenemos un marco jurídico en lo que la misma Constitución tajantemente establece que Colombia, es un Estado Social de Derechos y que la Ley existe para hacerla cumplir.
Entre esas leyes se señala como Derecho Fundamental la propiedad privada. Es dogmática en proteger la propiedad de terrenos e inmuebles y por lo tanto la Justicia y la Fuerza Pública están en la absoluta obligación de evitar los despojos y amparar la vida de seres humanos y animales de toda clasificación. No es un invento ni una quimera, ni un sofisma de distracción, pretender, solicitar, implorar si es el caso a las autoridades la total protección, amparo y respeto por la propiedad privada legítimamente adquirida. Si esas tierras, esos lotes, esos inmuebles pretendidos no están legalizados, hay abandono, si se quiere el mismo Estado puede facilitar su entrega u ocupación por algunos sectores. Pero nada más peligroso que el intento, venga de donde venga, de arrebatar algo propio a un legítimo dueño. Con eso no se juega, con eso no se va a solucionar ningún problema sino lo agrava.
Pero hay algo más turbulento detrás de lo que podría avecinarse: Si se toleran estas invasiones a tierras e inmuebles, rurales o urba¬nos se está patentizando de inmediato el nacimiento de una nueva organización ilegal cuyo nombre aún no existe pero igual o bastante pare¬cida a los paramilitares, aquellos ejércitos privados que ¡fueron formándose y creciendo, justificadamente por los propietarios ante la ausencia del Estado que no los protegía y que, con los años, fueron perdiendo el control sobre estas fuerzas armadas para enfrentar la necesidad de proteger lo propio. Mucho cuidado pues con esta nueva albora¬da de Violencia que se puede salir de los controles del Estado y volver aún más negro nuestro horizonte de vivir en paz.
