Colombia tiene metas: que la bioeconomía represente el 3% del PIB y cree 522,000 empleos verdes para 2030. Hoy apenas es el 0.8%. La disparidad es enorme y el tiempo escaso. El país cuenta con políticas bien diseñadas — la Misión de Bioeconomía y Territorio, el CONPES 3934, la Estrategia Nacional de Bioeconomía — y una biodiversidad inigualable. Pero persisten barreras estructurales que podrían convertir estos objetivos en promesas.
La primera es conceptual. Muchos actores piensan en la bioeconomía como un modelo puramente ambiental y olvidan la dimensión económica. Los emprendedores, comunidades e inversores necesitan familiarizarse con lo que significa el cierre financiero y cómo crear modelos de negocio viables. No existe conservación duradera sin rentabilidad demostrada.
La segunda es regulatoria. Obtener permisos y certificaciones es costoso y lento, y está pensado para economías convencionales. Los criterios en los que se evalúan los productos biobasados son los mismos que para cualquier producto industrial tradicional. Muchos proyectos fracasan en ese esfuerzo. La flexibilidad regulatoria no es un desecho: es la condición habilitante.
La tercera está relacionada con el mercado. Hay poco consumo interno de productos provenientes de la biodiversidad. Si no hay una demanda local sostenida, no hay cadenas de suministro sólidas ni una proyección internacional real. Construir circuitos de comercialización cortos es tan importante como exportar.
La cuarta es la falta de métricas. Colombia carece de métricas sistemáticas para indicar el retorno social, ambiental y económico de las intervenciones bioeconómicas. Porque sin datos, no hay evidencia para respaldar la política pública por la fuerza o la inversión privada para financiar (Parrado, 2025).
Más del 55% del PIB mundial depende significativamente de la naturaleza o está influenciado de alguna manera por ella (WWF, 2024). Ahora, Colombia, uno de los países más megadiversos del mundo, tiene su biodiversidad como un activo estratégico. Sería un error histórico ignorarlo; un costo costoso para las futuras generaciones.
La bioeconomía es más que una apuesta ambiental: es un nuevo modelo de desarrollo empresarial que puede transformar el campo colombiano, rehabilitar comunidades rurales y dejar al país competitivo en los mercados globales. Este cambio necesitará alineación institucional, voluntad política y ciudadanos que seleccionen conscientemente productos que preserven el bosque.
El momento es ahora. Gobiernos, empresas, academia y comunidades deben dejar de trabajar en silos y comenzar a construir cadenas de valor justas, cuantificables y viables.
* Director Ejecutivo, Cámara Colombiana del Agua (CCAGUA)
