Cuatro años perdidos. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. El 7 de agosto de 2026 será, para muchos, el día D: el día en que Colombia, con más de cincuenta millones de ciudadanos, cierre un capítulo que ha estado marcado por la incertidumbre, la polarización y la frustración.

Aunque Gustavo Petro fue elegido de manera constitucional, también es cierto que una parte importante del país hoy cuestiona esa decisión. Gobernar no es solo ganar elecciones; es responder con resultados, con coherencia y con respeto por las instituciones. Cuando eso no ocurre, la esperanza se convierte en decepción.

El populismo, el odio y el resentimiento, cuando se combinan con la improvisación y la falta de rigor, producen resultados catastróficos. No se trata de ideologías, sino de capacidades. Colombia necesita más que discursos: necesita gestión, liderazgo y un rumbo claro.

El primer paso para recuperar el país es elegir con criterio. Se requiere un candidato preparado, con experiencia, coherente y capaz de conformar un equipo de gobierno sólido, que devuelva la seguridad, reactive la economía, promueva la inversión y mejore la calidad de vida de los colombianos. Sin improvisaciones ni experimentos.

Pero lo más preocupante de este tramo final del gobierno no es solo el balance de gestión, sino lo que ocurre al interior del propio poder. El llamado “gobierno del cambio” ha evidenciado una fractura profunda. Lo que se vende como unidad es, en la práctica, un escenario de confrontaciones internas, de disputas por cuotas y de enfrentamientos públicos entre sus propios integrantes.

El fuego amigo ha dejado de ser una metáfora. Funcionarios que se señalan entre sí, escándalos que salen a la luz desde dentro, acusaciones cruzadas y un ambiente de desconfianza que revela una descomposición institucional. Lo que debería ser un equipo de gobierno parece, más bien, un campo de batalla.

Ese canibalismo político —desenfrenado, evidente y cada vez más descarado— no solo expone luchas de poder, sino también posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Cuando quienes gobiernan se devoran entre sí, el Estado queda a la deriva y el ciudadano, una vez más, paga las consecuencias.

Se han superado límites que deberían ser intocables: la moral administrativa, la ética pública, el respeto por la Constitución y los fines esenciales del Estado social de derecho. Colombia no puede normalizar el deterioro institucional ni la degradación del ejercicio del poder.

Quién iba a pensar que, tras años de críticas a gobiernos anteriores, la llegada de una nueva corriente política terminaría reproduciendo —e incluso superando— las mismas prácticas que prometió erradicar.

Hoy no solo hay crisis de gestión; hay crisis de confianza. Y cuando un gobierno pierde la confianza, pierde también su capacidad de conducir un país.

El tiempo avanza, y con él se acerca una nueva decisión… o aprendemos de lo vivido, o estaremos condenados a repetirlo.

@oscarborjasant