Colombia está fallando en una de sus obligaciones más elementales como Estado Social de Derecho: proteger a quienes ya cumplieron su vida laboral. El sistema pensional, tal como se aplica hoy, está produciendo un empobrecimiento progresivo y silencioso de miles de pensionados, particularmente de aquellos que reciben entre uno y dos salarios mínimos.
No se trata de una percepción ni de una queja aislada. Es una realidad verificable: mientras algunos ingresos laborales y pensionales se ajustan en porcentajes cercanos al 23 %, otros apenas crecen alrededor del 5 %, en un contexto donde el costo real de vida supera con creces ese ajuste. El resultado es claro: cada año los pensionados pueden comprar menos con su pensión.
Este fenómeno no es neutro ni inevitable. Es una decisión de política pública que desconoce principios constitucionales básicos. La Constitución protege de manera especial a las personas de la tercera edad y consagra el derecho a una vida digna. La pensión no es una concesión del Estado, sino el resultado de décadas de trabajo y aportes. Cuando su valor real se erosiona hasta no cubrir alimentación, servicios públicos, vivienda, salud y medicamentos, el derecho se vacía de contenido.
La Corte Constitucional ha sido enfática: el derecho a la seguridad social está ligado al mínimo vital y al principio de no regresividad. Reducir de manera sistemática el poder adquisitivo de los pensionados, sin mecanismos de compensación, constituye una regresión social que contradice el mandato constitucional.
A esta realidad se suma una práctica igualmente preocupante: la expulsión silenciosa de trabajadores próximos a pensionarse. Presiones indebidas, amenazas de despido con supuestas justas causas inexistentes y renuncias forzadas se han convertido en mecanismos recurrentes para evitar el reconocimiento pleno de derechos laborales y pensionales. Estas conductas no solo son ilegales; son profundamente regresivas y moralmente inaceptables. Se deben denominar falsos positivos laborales.
El contraste con los países desarrollados es evidente. Allí, los adultos mayores que conservan capacidades físicas y mentales son valorados por su experiencia, ética y estabilidad. En Colombia, en cambio, se les margina del mercado laboral y luego se les condena a una pensión que pierde valor año tras año.
Las consecuencias no se limitan al ámbito individual. El empobrecimiento de los pensionados reduce el consumo, afecta la demanda interna, incrementa el incumplimiento financiero y traslada mayores cargas al sistema de salud y a la asistencia social. Lejos de ahorrar recursos, esta política termina encareciendo el costo social para el Estado.
Un país que empobrece a sus adultos mayores compromete su cohesión social y su legitimidad institucional. La discusión sobre la sostenibilidad del sistema pensional es necesaria, pero no puede resolverse sacrificando la dignidad de quienes ya no tienen margen de maniobra.
Corregir la brecha pensional no es un acto de generosidad ni una concesión política. Es una obligación constitucional, ética y económica. Ignorarla es aceptar, como sociedad, que en Colombia envejecer sea sinónimo de precariedad.
@BILLYHerlaz
