Hace unos días, la revista The Economist, reconocida por su rigor técnico y proyecciones casi proféticas, afirmaba que: “En la política global, el 2025 fue el año en que el antiguo orden terminó” y que “con el viejo orden en ruinas, los contornos del nuevo mundo se volverán mucho más claros en 2026”. Este entorno global, sumado a algunos elementos locales, plantea para Colombia un 2026 lleno de desafíos.

En primer lugar, nos guste o no, la doctrina Donroe, revivida por el presidente de los EE. UU. a partir de su antecesor James Monroe hace casi dos siglos, interpretada en pocas palabras como el resurgimiento de la idea de “América para los americanos”, llegó para quedarse, al menos por un buen periodo de tiempo. Con esta realidad, Colombia y sus gobernantes debemos ser muy hábiles interpretando esta nueva dinámica internacional y, de esta forma, procurar sacar el mejor provecho para el bienestar del país. Para nadie es un secreto la relevancia de nuestras relaciones con EE. UU. en términos de comercio exterior, inversión extranjera, turismo, apoyo al sector defensa y respaldo a la democracia y al libre mercado, entre otros.

En segundo lugar, el 2026 será un año electoral en el país. El Congreso de la República y el presidente de la República serán elegidos para dirigir el destino de los colombianos durante los siguientes cuatro años. Cada uno de los colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto tenemos la responsabilidad de elegir dirigentes que sepan interpretar las necesidades del país en medio de este entorno global cambiante y, lejos de intereses mezquinos, lograr las mejores políticas públicas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para Colombia.

Por último, estos nuevos dirigentes que elegiremos enfrentarán un conjunto de retos locales que deberán solventar de manera urgente. El sector salud no da espera; los indicadores de las finanzas públicas del orden nacional tampoco, y algo muy similar ocurre con algunos indicadores de seguridad. En esta línea, el nuevo gobierno central tendrá que definir el grado de articulación que implementará con las regiones. Sobre este último elemento quiero profundizar.

Las entidades territoriales no podemos seguir responsabilizándonos de crecientes obligaciones que, de forma expresa o tácita, estaban a nivel central. Por ejemplo, hoy día, dadas las pocas obras de infraestructura vial a nivel regional por parte del gobierno central, somos las entidades territoriales las que, con nuestros propios recursos, propendemos por solventar estas necesidades. Se han estigmatizado las vías como un lujo de “ricos”, cuando son precisamente este tipo de obras las que más beneficios traen a las regiones para sacar sus productos y comercializarlos a nivel local o exportarlos, para conectar a los colombianos con los colegios y universidades, y también para llegar a un centro de salud o atraer turistas.

Algo similar ha sucedido con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde de forma creciente este se ha venido financiando cada vez más por los territorios con recursos que el gobierno central también quiere “marchitar”: los recursos de las regalías. Muy fuertes han sido las posturas del gobierno central en contra de los sectores que generan regalías a las regiones, sin proponer una sustitución de los ingresos para estas últimas. Es fácil decir desde Bogotá que se acabe el sector minero-energético sin tener que responder por los recursos faltantes que su desaparición acarrearía.

Son grandes los desafíos por enfrentar en el 2026 a nivel internacional y local, pero nosotros, los colombianos, estamos preparados para enfrentarlos y superarlos, así como muchas veces lo hemos logrado en el pasado.

Dios guíe y cuide a Colombia en este 2026.

*Gobernador del departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos