El pasado mes de diciembre, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) -máxima autoridad en la definición de la política crediticia para el sector rural- expidió las Resoluciones No. 10 y 13, que establece el nuevo marco regulatorio del crédito de fomento agropecuario y rural y las metas para en el 2026.
Aunque el objetivo declarado del Gobierno es promover la inclusión financiera, la reciente normativa evidencia una contradicción estructural en el exceso regulatorio: 31 páginas y 29 artículos para solicitar un crédito. Este diseño normativo incrementará la complejidad operativa, elevará los costos de transacción y reducirá la eficiencia del sistema financiero rural, transformando la inclusión en un proceso altamente burocrático. En lugar de facilitar el acceso, corre el riesgo de convertirse en un obstáculo sistémico para la financiación oportuna del campo.
Por culpa de esta improvisación y sobrerregulación, más de 2 millones de productores del campo permanecen fuera del sistema financiero formal. De los 370 mil que lograron acceder a crédito en 2025, muchos enfrentaron dificultades en los tiempos de aprobación y desembolso con tasas efectivas anuales superiores al 22%, condiciones que limitaron la competitividad y sostenibilidad de sus proyectos agropecuarios.
La Resolución introduce una segmentación normativa completamente irracional. En cualquier sistema financiero agropecuario del mundo, los sujetos de crédito son quienes producen, transforman o comercializan alimentos y materias primas. Sin embargo, esta regulación impone una categorización desarticulada y ajena a la lógica crediticia, incorporando criterios identitarios y sociales que nada tienen que ver con la evaluación del riesgo financiero. Incluir grupos como productores LGBTIQ+, comunidades étnicas, palenqueras, desmovilizados, víctimas, adultos mayores o cultivadores de coca que erradiquen voluntariamente sus cultivos, desconoce principios básicos de gestión de riesgo, como el scoring bancario, y evidencia una profunda falta de comprensión sobre la estructura del sistema financiero.
El crédito no se otorga por condición social, étnica o ideológica, sino por la solidez del proyecto productivo y la capacidad de pago del solicitante. Convertir el crédito en un instrumento de inclusión simbólica, en lugar de desarrollo económico, es un error que compromete la sostenibilidad del sistema.
Por otra parte, la distribución de los recursos presenta serias inconsistencias y desequilibrios: La meta global asciende a $48 billones, pero el 71% se concentra en medianos y grandes productores, dejando apenas el 29% para pequeños productores. Este último segmento, además, tiene asignada una meta de crecimiento del 107% respecto a 2025, una proyección poco realista bajo el actual marco regulatorio.
Los gremios como Asobancaria y la Sociedad de Agricultores de Colombia deben asumir un rol más proactivo en la defensa de los intereses de más de tres millones de productores rurales. Es momento de adoptar posiciones firmes y liderar propuestas concretas: un sistema crediticio ágil, digital, con tasas competitivas y reglas claras, que transforme el crédito agropecuario en un verdadero motor de desarrollo, y no en el laberinto normativo que hoy frena el progreso del campo colombiano.
*Presidente de Open Loans, asesores en banca de fomento agropecuario.
@indadangond
