Los sistemas de inteligencia artificial han pasado de ser una promesa tecnológica a una realidad que transforma decisiones, servicios y procesos en empresas y en la vida cotidiana. Para funcionar, estas tecnologías se nutren de grandes volúmenes de datos, incluidos datos personales. Eso explica por qué su desarrollo genera no solo expectativas, sino también inquietudes legítimas sobre privacidad y uso indebido de información sensible.
No se trata de frenar la innovación, sino de asegurar que sus beneficios no se obtengan a costa de los derechos de las personas. Por eso es urgente que el diseño y la implementación de sistemas de IA incorporen desde el inicio medidas que protejan el habeas data: principios claros, controles y responsabilidades concretas que eviten vulneraciones.
En la práctica, esto exige actualizar marcos legales y establecer estándares técnicos y operativos. Quienes manejan información deben contar con lineamientos precisos para el tratamiento de datos en cada etapa —desarrollo, despliegue y uso—, y aplicar principios como idoneidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Solo así se utiliza la información estrictamente para las finalidades autorizadas por los titulares y en la menor medida necesaria.
Además, las empresas que adoptan IA deben asumir un compromiso ético frente al manejo de la información. No basta con cumplir la ley: es necesario fomentar una cultura organizacional donde la protección de los datos personales sea parte del ADN corporativo. Formar equipos conscientes del valor de la privacidad y establecer protocolos claros para responder ante incidentes de seguridad fortalece la confianza de los usuarios y mejora la reputación empresarial.
Cuando existan dudas sobre la seguridad o la veracidad de los datos, el responsable debe abstenerse de tratar la información o, al menos, adoptar medidas que impidan un daño grave. Los riesgos deben identificarse, clasificarse y monitorearse; las medidas de mitigación deben ser proporcionales al potencial perjuicio; y la debida diligencia, debe ser una práctica constante para evaluar impactos y efectividad.
Finalmente, los titulares deben disponer de mecanismos reales y sencillos para ejercer sus derechos: acceso, corrección, supresión y revocatoria de la autorización cuando corresponda. La transparencia en el uso de datos y la rendición de cuentas no son obstáculos al progreso: son requisitos para una IA confiable y socialmente legítima.
El equilibrio es tarea de todos. De ello dependerá que la IA sea un potenciador o un riesgo.
* Abogada Derecho Corporativo y Negocios Internacionales Scola Abogados
@ScolaAbogados
