Durante años, Colombia hizo algo que muchos vecinos nunca lograron: construir una institucionalidad fiscal seria. La regla fiscal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y un andamiaje técnico respetado le dieron al país una brújula. Sabíamos cuánto podíamos gastar, cuánto endeudarnos y qué tan rápido corregir después de una crisis. Gracias a eso se estabilizó la deuda, se recuperó el grado de inversión y el país podía hablarle a los mercados con cierta credibilidad.
Ese fue el verdadero acierto: entender que sin disciplina fiscal no hay política social sostenible ni estabilidad cambiaria posible. La confianza no se decreta; se construye con reglas claras y con gobiernos que las cumplen incluso cuando es incómodo, cuando la popularidad exige decir que sí a todo pero la aritmética dice que no.
Hoy esa arquitectura está en riesgo. La regla se “flexibiliza”, el déficit se normaliza, la deuda crece y se usa el discurso social para justificarlo todo. Se promete más gasto en un Estado que ni siquiera ejecuta bien el presupuesto que ya tiene. No es un problema de recaudar poco, sino de gastar sin prioridades, sin gerencia y sin respeto por la brújula que el propio país se dio.
El mensaje hacia afuera es igual de preocupante. Cuando un país insinúa que su regla fiscal es opcional, los mercados asumen que el riesgo es real, que la tasa debe subir y que el capital puede irse a jurisdicciones donde no se juega con el marco institucional. La pérdida de confianza es lenta al subir y rápida al caer.
La consecuencia es sencilla y brutal: cuando la política fiscal se desordena, la política monetaria tiene que apretar. Más déficit hoy es más tasas de interés mañana, menos inversión privada y menos empleo. La factura del desorden no la paga el ministro que firma el CONPES; la paga el empresario que cierra, el joven que no consigue trabajo y la familia que no logra financiar vivienda.
Defender la disciplina fiscal no es un capricho tecnocrático ni una causa de derecha: es una forma elemental de proteger a los más vulnerables de la inflación, devaluación y recortes futuros. Un país serio no discute todos los años si respeta o no su propia regla; la respeta y punto.
Colombia no necesita más improvisación tributaria, sino un compromiso político claro: gastar mejor, priorizar, evaluar y volver a tomar en serio su propia brújula fiscal. Sin eso, cualquier promesa de equidad es solo eso: una promesa vacía.
Un Estado que gasta sin brújula siempre termina cobrando más y ofreciendo menos.
*Abogada -Consultora Interncional
