La decisión de la Supersalud de intervenir a la ESE Universitaria del Atlántico marca un nuevo punto de quiebre en la política de salud del departamento. Lo que nació como un proyecto innovador para centralizar y modernizar la red hospitalaria termina bajo supervisión especial, con deudas que superan los ciento cuarenta mil millones, servicios limitados y un personal que acumula meses sin salario. La medida no es un triunfo de control, sino la confirmación de un fracaso institucional.

En el sector privado, los fracasos suelen convertirse en lecciones: se investigan las causas, se corrigen procesos y se establecen responsables. En lo público, en cambio, suele reinar la ambigüedad. ¿Quién hará la autopsia administrativa de la ESE UNA? ¿La Asamblea Departamental que avaló la creación de la entidad? ¿La administración que la impulsó como modelo? ¿O la actual, obligada a manejar la crisis sin haberla diseñado?

El gobernador reconoció que el esquema centralizado no funcionó y que se analiza devolver autonomía a los hospitales departamentales. Sin embargo, admitir el error no basta: se requiere un análisis riguroso para establecer si el colapso fue fruto de buena fe mal planificada, de improvisación técnica o de intereses políticos y económicos poco transparentes. La ciudadanía tiene derecho a conocerlo.

Las consecuencias ya son palpables. No se trata solo del déficit financiero: los pacientes que encontraron servicios suspendidos, los crónicos que no recibieron medicamentos y las mujeres que enfrentaron retrasos en la atención materna cargan con el costo real. Lo mismo ocurre con el talento humano en salud, sometido a atrasos salariales y condiciones laborales precarias que deterioran la calidad de la atención y desmotivan a quienes debían ser el eje del proyecto.

El daño se extiende a un ámbito menos visible: la pérdida de credibilidad. La ESE UNA, concebida como institución universitaria, debía ser un escenario de formación de profesionales y de investigación clínica. Ese propósito está hoy suspendido, con impacto directo en la confianza de estudiantes y en la capacidad de generar conocimiento en salud.

El interventor designado, Fredys Miguel Socarrás, tendrá apenas un mes para presentar un plan de acción y ordenar las cuentas. Pero su tarea excede los balances contables: implica recomponer la confianza ciudadana y rescatar la legitimidad de la red hospitalaria departamental. La intervención es solo una medida de choque; el verdadero desafío será evitar que la prestación de salud en él Atlántico siga atrapada en ciclos de improvisación y crisis.

ste fracaso del modelo UNA se suma al del antiguo Hospital Universitario y al del CARI de alta complejidad. Tres intentos distintos, tres desenlaces similares. Tal vez , ya es momento de aceptar que la culpa no está en las instituciones, ni en el talento humano, ni siquiera en el sistema, sino en las formas y, sobre todo, en las intenciones, explícitas o no, con que se conciben y ejecutan estos proyectos. Porque, en últimas, todo parece indicar que esta vez, la culpa tampoco es de la vaca.

@hmbaquero

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