En la Costa Caribe sabemos que la transición energética no es un debate menor y que la industria minera sostiene más de la mitad de los recursos del Cesar y La Guajira. Cuando el presidente dice “no más carbón a Israel” defendiendo a palestina o enviando mensajes como “la industria del carbón se va a quebrar” está diciendo también, no más dineros para los hospitales, puestos de salud, construcción y/o remodelación de colegios, dejar a los niños sin alimentación con recortes en los PAE, para construcción de acueductos, cultura, adulto mayor, equidad de género, comunidades étnicas. Esta pelea que ha puesto el presidente no termina siendo contra el carbón, sino contra la gente del Caribe, quienes al final somos los más afectados.
Explico un poco más con cifras, según el DANE, el PIB de Cesar en 2023 (preliminar) fue de $32,87 billones. Si depuramos el renglón de “minas y canteras” para mirar solo carbón térmico, el carbón es aprox. 50 % del PIB de Cesar. En La Guajira, el carbón —prácticamente Cerrejón— aporta alrededor de 64 % del PIB. No son porcentajes de una “actividad más”: son la columna vertebral de dos economías departamentales.
Bajemos estos datos a la vida cotidiana. El presupuesto de inversión pública 2024 ascendió a $2,24 billones en Cesar y $3,05 billones en La Guajira, este presupuesto recoge dineros que vienen de varios rubros que se trasladan a los departamentos, entre los principales son recursos del presupuesto general de la nación y regalías. La sorpresa es que más del 50% de este presupuesto viene de las regalías, por eso, si el carbón desaparece de golpe, la capacidad de invertir se contrae casi en la misma magnitud que el peso del carbón en el PIB: 50 % en Cesar y 64 % en La Guajira. Esa regla no es un capricho ideológico; es contabilidad territorial: menos actividad = menos recaudo = menos inversión.
Si hacemos ahora un foco en las regalías (que todos pueden consultar en el Mapa de Inversiones del DNP por bienios). En el Cesar, el bienio 2021–2022 registró $706 mil millones, en 2023–2024 hubo un pico: $1,163 billones aprobados. Pero en 2025–2026 el departamento tiene aprobados $361 mil millones. Traduzcamos: menos disponibilidad, menos inversión social. En La Guajira el patrón es parecido, aunque con montos distintos: $485 mil millones aprobados en 2021–2022; $775 mil millones aprobados en 2023–2024; y $456 mil millones aprobados en 2025–2026. De nuevo, caída en aprobaciones y freno en la ejecución.
Esta discusión siempre la enredan los defensores ideológicos en una falsa premisa: “o carbón o transición” y No, la transición energética es inaplazable claro está, pero el orden de los factores sí altera el producto social. Si no se crean nuevas cadenas de valor con multiplicadores reales como la agroindustria moderna, logística y puertos, manufactura liviana, economía del cuidado, turismo de naturaleza bien gestionado y otras más que puedan llegar, la transición seguirá siendo una propuesta politizada sin ningún beneficio para las regiones.
Director Observatorio Transición Energética del Caribe OTEC – Universidad Areandina.
@amatzuluaga1
