La relación entre Colombia y Estados Unidos se ha deteriorado en tiempo récord, no solo por las divergentes visiones políticas de los gobiernos de ambos países, sino también por el enfoque confrontativo con el que el gobierno de Gustavo Petro ha asumido las relaciones exteriores y por la toma de ciertas decisiones —o la omisión de ellas— en materia de lucha contra las drogas, reducción de cultivos ilícitos y los beneficios otorgados a reconocidos criminales en el marco de la política de Paz Total. Por supuesto, el estilo del gobierno de Donald J. Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco favorece esta relación. Lo suyo no es precisamente la diplomacia tradicional: su tono retador, la política de ‘America First’ y su estrategia de presión a través de recortes en cooperación e imposición de altas tarifas arancelarias tensan aún más la cuerda.
La llamada a consultas urgentes al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John T. McNamara, representa el punto más álgido de tensión entre ambos países en los últimos años, aunque desde el gobierno se intente minimizar el alcance de estos hechos. El comunicado de prensa del Departamento de Estado de EE. UU., en el que se anuncia el llamado a consultas, deja entrever dos cosas con claridad. La primera, que se están considerando otras medidas para expresar su profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral. La segunda, que a pesar de las diferencias políticas con el gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial. En síntesis, se esperan medidas de EE. UU. hacia Colombia —que podrían tener consecuencias para el país—, y queda claro que el problema no es con Colombia, sino con su actual gobierno.
Ahora bien, es muy probable que este llamado a consultas no se haya producido únicamente por la polémica de los audios del excanciller Álvaro Leyva, en los que presuntamente buscaba el apoyo de la Casa Blanca para tumbar al presidente Gustavo Petro, ni por las declaraciones que el gobierno colombiano haya hecho al respecto. Si esa fue una de las razones, difícilmente fue la única. Entre las posibles causas están la expansión de los cultivos ilícitos en Colombia, que —según el reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)— concentra el 67 % de los cultivos de hoja de coca en el mundo y ha visto un aumento del 53 % en su producción. A esto se suman hechos sin precedentes, como la estadía del presidente Petro durante dos días a puerta cerrada en una casa en Manta, Ecuador, cuyas razones aún se desconocen, y, por supuesto, el episodio del ‘tarimazo’ en Medellín, con la presencia de jefes de bandas criminales judicializados.
Lo más grave es que, antes del 15 de septiembre, el presidente Donald J. Trump deberá presentar ante el Congreso de EE. UU. el memorando de certificación sobre drogas. Para muchos, es casi inminente que Colombia será descertificada, como ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper. Si esto llegara a suceder, las consecuencias para el país serían —sin exagerar— absolutamente desastrosas.
@tatidangond
