Entre 1993 y 2020, el país pasó de tener una cobertura en salud del 25% a cerca del 99%. Según The Lancet, el sistema colombiano tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos del mundo, 20.6%, mientras en América Latina se paga el 42,7%. Dicho logro, sustentado en el modelo de aseguramiento de la Ley 100, permitió integrar a casi toda la población en un sistema mixto que combina subsidios públicos y gestión privada. Al sistema aún le quedan muchas cirugías por hacerle, pero tratar de sabotearlo como justificación para estatizarlo es incorrecto. El congreso debe hundir la reforma a la salud en la comisión vii.
En 2024, el gasto total en salud en Colombia alcanzó el 9,1% del PIB, uno de los más altos de América Latina. A pesar de ello, se acumulan obligaciones que superan los $15 billones con prestadores de salud, $4 billones con hospitales públicos, y más de 80% de los profesionales de salud trabajan bajo formas de contratación tercerizadas. En varias regiones como La Guajira, aún existen municipios sin médicos permanentes ni servicios básicos como rayos X o laboratorio clínico. Según la Defensoría del Pueblo, en 2023 se registraron más de 180.000 quejas por negación de medicamentos, retrasos en cirugías, y fallas en la atención de urgencias. Lo que dijeron que iban a hacer, no lo hicieron. La filosofía del gobierno solo ha hecho las cosas peor.
La reforma propuesta por el gobierno pretendía reemplazar el modelo de aseguramiento con un sistema estatal centralizado. Sin embargo, fue archivada por el Congreso en 2024, tras recibir fuertes críticas por su falta de claridad técnica, inviabilidad financiera, y riesgos de politización. En respuesta, el Ejecutivo intervino EPS como Sanitas, Nueva EPS y Compensar, concentrando la gestión en manos públicas sin una estructura de soporte suficiente. Hoy, estas entidades administran más del 60% de los afiliados del país, pero los retrasos en pagos y quejas aumentan. Lo que no pudieron hacer en el congreso, lo hicieron en intervención administrativa.
Mientras tanto, el ADRES gira más de $6 billones mensuales, pero la falta de auditorías efectivas y problemas en la trazabilidad de los recursos, hace el proceso inefectivo. El mecanismo de giro directo, diseñado para reducir la intermediación, es lo único que mantiene el sistema a flote. El sistema no resiste más diagnósticos sin tratamiento. La crisis ya no es silenciosa: se manifiesta en salas de urgencias colapsadas, médicos sin pago y pacientes que mueren esperando una cita. Si no actuamos con responsabilidad técnica, lo que fue una promesa de equidad social terminará como una advertencia regional de cómo no gestionar la salud pública.
Colombia necesita una reforma, pero no cualquier reforma. El fracaso de la reforma de salud de los profesores es una advertencia temprana sobre estas malas ideas, puede que sea una explicación por la falta de los profesores para salir a marchar a favor de la consulta popular. No se trata de destruir lo que existe, sino de intervenir con bisturí: fortalecer la red pública, garantizar atención primaria universal, blindar los recursos frente al desvío político y profesionalizar la gestión pública en salud. En otras palabras, el sistema necesita profundizar la figura del aseguramiento.
