Liberaron a Lyan José Hortua, un niño de apenas once años que había sido secuestrado por las disidencias de las FARC, pero no podemos decir que es una buena noticia. No lo es cuando la libertad de un niño depende de que su familia pague una suma millonaria a un grupo armado. No lo es cuando, después de entregar ese dinero, asesinan a quien lo llevó. ¿En qué año estamos? ¿No habíamos dejado atrás estos horrores?
El secuestro ocurrió en zona rural de Jamundí, Valle. Lyan estaba jugando en su casa como cualquier niño, cuando en segundos, cinco hombres armados, con pasamontañas, entraron en la vivienda del menor. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Se oían gritos: “¡Matamos al muchacho!”. El niño, sin camisa y descalzo, fue arrastrado de la nuca hasta una camioneta. También se llevaron a una empleada doméstica, que por fortuna fue liberada horas después.
A Lyan lo tuvieron dieciocho días secuestrado. Es un niño con problemas médicos, que necesita tratamiento para los pulmones. Y aun así, lo retuvieron. Pese a las marchas de la ciudadanía, los ruegos a las autoridades, la presión mediática y hasta la intervención de la iglesia católica, fue el dinero, no el Estado, lo que lo devolvió a casa. Se habla de más de 4 mil millones de pesos que tuvieron que ser entregados a este grupo al margen de la ley para que se liberara al menor. Y no solo eso: al familiar que entregó la plata lo mataron.
Esto tiene en pánico a la familia de Lyan, a Jamundí, y en realidad, a todos los colombianos, y con toda la razón. Porque el mensaje es aterrador: nadie está a salvo. Ni en su propia casa. Ni los niños. Ni las personas con enfermedades. Nadie. Y lo peor es la normalización de lo inaceptable, como si el país hubiera decidido resignarse.
¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más vamos a soportar sin que el Estado reaccione con contundencia? ¿Cuánto vale un niño en este país? Lo más doloroso es el silencio. Durante días, mientras la familia de Lyan suplicaba ayuda y la comunidad marchaba exigiendo su liberación, las autoridades guardaban silencio. ¿Dónde estaban todos cuando más se necesitaba una señal de que el Estado no había renunciado a proteger a los suyos? La indiferencia institucional puede ser casi tan violenta como el crimen mismo.
Colombia está atrapada en un círculo de violencia que ya no respeta límites. Que vuelva el secuestro como mecanismo de financiación, que la vida de un niño dependa de un pago y que matar al mensajero sea parte del “trato” debería escandalizarnos. Pero parece que nos estamos acostumbrando y eso, es lo que no deberíamos permitir de nuevo.
@CancinoAbog
