Numerosos lectores me han preguntado por dónde va este tema. En respuesta, hoy mostraré tres hechos significativos derivados de este conflicto urbano-ambiental, al cual he aportado el esfuerzo investigativo, reporteril, de más de 30 columnas.
El primer hecho que destaco es el proceso en marcha de revisión y ajuste del Pomca 2017, para lo cual la CRA contrató al Consorcio Mallorquín por 2.500 millones de pesos.
En una misiva fechada 24 de abril de este año, enviada a Jesús León Insignares, director general de la CRA, María Correa y yo recogimos los puntos concertados con él y su equipo de expertos en una reunión evaluatoria de este proceso, a saber: socializar el avance del nuevo Pomca en una mesa pública; realizar una mesa especializada con universidades que han estudiado la ciénaga de Mallorquín; convocar unos espacios de diálogo con los concejos de Barranquilla y Puerto Colombia, la asamblea departamental y la oficina del Área Metropolitana por la misión que les compete en el ordenamiento territorial; recomponer el consejo de cuenca del Pomca, previa aclaración del tema con el ministerio de Ambiente, y contemplar una comisión conjunta de la CRA y Barranquilla Verde para definir la protección ecosistémica del predio Pavas Norte y Sur situado en Barranquilla, en buena parte del cual está proyectado otro desarrollo inmobiliario.
El segundo hecho que me permito relievar es la acción popular de la Procuraduría General de la Nación en defensa de la naturaleza y de un ambiente sano, la cual coadyuvamos la abogada Correa y yo con un documentado escrito ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que debe convocar a una audiencia de pacto de cumplimiento.
El tercer hecho que señalo es la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre los impactos ambientales de Ciudad Mallorquín, que ya cuenta con los informes periciales elaborados por unos funcionarios expertos, los cuales fueron remitidos a la fiscal a cargo de la noticia criminal correspondiente.
Creo que no ha sido en balde nuestro persistente ejercicio de participación y veeduría ciudadana. Desde luego, falta que la CRA produzca un nuevo Pomca respetuoso de nuestros ecosistemas, que la justicia administrativa actúe frente a la acción popular de la PGN coadyuvada por la sociedad civil y que la Fiscalía use todo el acervo investigativo a su disposición para iniciar las acciones propias del ente acusador.
Es cardinal también el desenlace de la disputa limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia, municipio al que le cabe mucha responsabilidad en los procesos de expansión urbana con dolorosas afectaciones forestales.
@HoracioBrieva
