La corrupción, esa enfermedad que parece circular por las venas de una mayoría política y de gran parte del sector empresarial, es un hecho que se ha incubado en Colombia, no solo por los débiles sistemas de control y de justicia, sino por la complicidad de una sociedad que lejos de castigar a los corruptos, los aplaude, los vanagloria y los admira. La lagartería es, en gran medida, culpable de la corrupción, ese patrón de conducta de alabanza al que roba, esas ganas de pegarse a quien muestre mediano éxito político para ver cómo le saca provecho económico, esa necesidad insaciable y de mal gusto de aplaudir discursos que no tienen menor sentido de la lógica.

Este virus de fácil contagio se puede pegar con el leve contacto con esferas locales de poder, con una simple palmadita en la espalda de algún político con creciente influencia regional, o con el regalo de una camiseta partidista con la que comprometen políticamente. Ahora, el problema de los contagiados es que ven con buenos ojos que un alcalde o concejal empiece su gestión con 2 pesos y salga como 5.000, a expensas del erario público y recibiendo todo tipo de prebendas a cambio de amañar los procesos de licitación para darle los contratos a quien le ofrezca más.

La corrupción en Colombia es un monstruo de magnitudes inimaginables, si se tiene que esta no solo ha permeado las administraciones territoriales, sino a los más altos niveles del gobierno nacional, llevando del bulto sectores como el de salud, alguno de los más afectados por estas malas mañas, que merecen ser tratadas con todo el rigor de la justicia. Ahora, un factor que ha alentado por años la corrupción es la condescendencia social ante hechos que son abiertamente notorios, hechos que son conocidos por la ciudadanía y que sin embargo no son denunciados, bien por miedo, por lagartería o por la espera de un favor político.

El escándalo de Odebrecht ha dejado nuevamente al descubierto un patrón de conducta común en entidades del Estado: el pago de comisiones a cambio del favorecimiento en la adjudicación de los contratos estatales más importantes de la Nación. A pesar de las investigaciones y de los resultados que diligentemente ha mostrado la Fiscalía General, este caso deja un sentimiento generalizado de que como Odebrecht hay cientos de actos de corrupción aún sin investigar, y que comprometen el uso eficiente e imparcial del erario público. Ahora, debemos dejar de ser un país que cree que la corrupción debe ser llevada a sus justas proporciones, para entender que quien se enriquece a costa de los recursos públicos, se enriquece de los bolsillos de todos los colombianos.

@tatidangond