Cada día en Colombia matan a dos mujeres por el hecho de serlo. En el 2024, se cometieron 745 feminicidios, otros reportes hablan de 886. En cualquier caso, la cifra más alta desde la entrada en vigor de la Ley 1761 de 2015, conocida como Rosa Elvira Cely, que tipificó esa conducta como un delito autónomo por razones de género.

Es desalentador comprobar cómo crímenes contra mujeres, motivados por machismo, discriminación e incluso odio no solo siguen en aumento, sino que buena parte de ellos permanece en absoluta impunidad.

De esa descomunal injusticia que no conoce fronteras ni medida en el tiempotenemos conciencia en Barranquilla. Sin el valor de Martín Mestre Yunes, el padre de Nancy Mariana, la joven de 18 años torturada, violada y asesinada por Jaime Saade Cormane, la madrugada del 1 de enero de 1994, la ausencia de castigo o sanción para el victimario, huido durante casi tres décadas, habría sido el desenlace del atroz crimen que estuvo a punto de prescribir.

La heroica gesta de Mestre, el gladiador infatigable por la justicia y la verdad, que lo condujo a volcarse en una cacería sin cuartel por todo el mundo, en pos del criminal de su niña hasta encontrarlo, fue recompensada en el 2023 con una decisión sin precedentes jurídicos en Brasil, donde Saade Cormane se escondía.

El Supremo Tribunal Federal no solo anuló y rectificó su dictamen de negar su extradición a Colombia, también le envió al mundo un poderoso mensaje contra la miserable lacra de los feminicidios que se extiende por doquier.

En un singular hecho de destino retributivo, Nancy Mariana Mestre Vargas dejó de ser una anónima víctima colombiana, otra estadística más almacenada en los vetustos anaqueles de nuestra injusta justicia nacional, para renacer como “una víctima universal” de uno de los más espantosos delitos, que según los magistrados de Brasil “nunca debería prescribir”.

En ello radica la hazaña de Martin y su familia que, a fuerza de una admirable constancia y en una agónica lucha contra el tiempo por la inminente prescripción de la acción penal, vencieron toda indolencia y olvido.

La del Estado, débil e incapaz de garantizar justicia oportuna y protección efectiva a las víctimas de violencia de género, y la de la sociedad que por sus arraigadas normas socioculturales, como machismo, patriarcado o visiones sexistas, naturaliza, justifica o exculpa todo tipo de abusos, maltratos o agresiones hacia las mujeres.

La radicación en el Senado hace una semana del proyecto de ley Nancy Mestre, que busca eliminar o abolir el plazo de prescripción para investigar y juzgar feminicidios en el país, al margen de los años transcurridos desde su comisión, es un reconocimiento a la proeza de su padre. Pero, ante todo, es un acto de justicia y de esperanza para quienes han sido víctimas de la expresión más brutal de violencia contra una mujer que en ningún caso puede ni debe prescribir. O lo que es lo mismo, quedar impune por el inexorable paso del tiempo.

Esta iniciativa legislativa que indudablemente debe convocar el respaldo unánime de los congresistas, intenta dar respuesta a la acuciante exigencia de justicia, verdad, reparación y dignidad de las víctimas, de sus familias, que durante años se pierden en el laberinto del sistema judicial. Pese a algunos avances, este aún evidencia vacíos protuberantes en la comprensión de los patrones de violencia de género y en la articulación interinstitucional para investigar, sancionar, prevenir y erradicar las violencias contra la mujer, como constata un rotundo informe de la Corporación Excelencia en la Justicia que pone el dedo en la llaga.

El Estado no puede seguirle fallando a las mujeres. Las barreras institucionales, los déficits estructurales y argucias legales que limitan el acceso de las víctimas a la justicia mientras vulneran sus derechos son un camino expedito a la impunidad. Y si bien la situación no es nueva, el crecimiento exponencial de casos ratifica que empeora.

Urge romper el ciclo de la violencia, asegurando una respuesta integral de las instituciones que haga más efectiva la actuación del sistema judicial y evite la prescripción del delito de feminicidio para que los responsables paguen por sus crímenes. Frente a esto último, el Congreso tiene la palabra.